La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa, ha dado traslado a LAB de su primera resolución sobre el caso de los médicos que se están saltando la exclusividad en Nafarroa y trabajan en centros privados. Tras pedir una primera documentación y contrastar que las denuncias de LAB eran veraces, iniciará sobre este asunto su primer proceso investigador. Se llamará, por tanto, 1/2023.

El sindicato LAB había dado cuenta de dos tipos de incumplimiento. De un lado están los médicos que trabajan en clínicas privadas mientras, aparentemente, siguen cobrando ese plus de unos 800 euros mensuales que perciben los facultativos de Osasunbidea a cambio de no ejercer en el ámbito privado (hay otros médicos, unos 40, que han renunciado a ese complemento para llevar esta otra segunda actividad). Del otro, estaban los médicos que ostentan jefaturas y que, en consecuencia, tienen prohibida por ley esta segunda actividad. 

Esta circunstancia había dado lugar a cierto cruce de acusaciones entre el director general de Salud, Carlos Artundo, y el portavoz de LAB, Imanol Karrera. Artundo aducía que algunos de los nombres que había hecho públicos el sindicato no eran jefes como tales y que, por lo tanto, esta prohibición de la segunda actividad no les afectaba. 

En la resolución de la Oficina Anticorrupción se entra a esta polémica, y la directora se decanta por la versión de LAB, citando para ello varias sentencias judiciales. Así, antes de emitir la resolución hecha pública este jueves, Eginoa solicitó informes al Gobierno para precisar de qué tipo de cargos se trataba entonces. Y la primera conclusión a la que llega es que Salud se estaría saltando los cauces legales con este tipo de nombramientos para hacer que los médicos no incurrieran en incompatibilidad. Serían contrarios al ordenamiento jurídico. 

La directora de la Oficina se muestra, al respecto, muy crítica con la versión del caso ofrecida por la consejera de Salud, Santos Indurain, cuando fue preguntada formalmente por esta polémica, cuando instó a LAB a «matizar» sus acusaciones. 

Primera denuncia y más documentación

El documento dado a conocer por LAB está más avanzado en el caso del jefe de Ginecología del hospital de Lizarra, el primero en conocerse. Se habla allí de una posible «falta disciplinaria muy grave» tal y como se describe en artículo 64 (letra F) del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Asimismo, se indica que, al menos durante dos años, esta persona incumplió el régimen de incompatibilidades.

Que aparezca esta primera tipificación resulta clave, pues a diferencia de otras instituciones, como el Defensor del Pueblo, cuyas resoluciones acaban en meras denuncias públicas, la Oficina sí se diseñó para tener capacidad sancionadora.

En este sentido, el documento avanza que se ha pedido nueva documentación a Salud con una relación detallada de jefes que tienen estos nombramientos contrarios a derecho, así como las actuaciones que ha realizado el director gerente de Salud sobre los requerimientos que se le realizaron desde Función Pública para solucionar la situación generada por este jefe de ginecología de Lizarra.

Valoración de LAB

Karrera ha considerado «un logro de toda la sociedad» que se haya abierto esta investigación. Ha advertido de que los casos que han aparecido no son para nada aislados y ha denunciado a la dirección general de Salud y al Sindicato Médico como los responsables de la situación que se ha generado en torno a la exclusividad de los facultativos, por «haber antepuesto intereses económicos propios y los de los negocios sanitarios» frente a la defensa de una sanidad pública de calidad. 

El portavoz de LAB, además, ha recordado que no piensa dar ni un paso atrás en la defensa de la sanidad pública, recordando su reciente denuncia de los planes del Ministerio para romper el modelo público empoderando al sistema mutual, así como el intento de acabar con el sistema de investigación sanitaria enteramente público en Nafarroa.