«A partir del 1 de julio de 2023, en función del número de detenidos el fin de semana, se concederán los siguientes días de compensación:

-Cero detenidos: dos días de compensación; un detenido: tres días de compensación; dos detenidos (inclusive) en adelante: cuatro días de compensación; diez detenidos (inclusive) en adelante: cinco días de compensación».

Así reza la orden que la Jefatura Superior de la Policía española en la CAV emitió dirigida a los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Irun por arrestar a personas migrantes, y que posteriormente fue anulada tras la denuncia del sindicato Jupol, mayoritario en Gipuzkoa, después de que la denunciara a través de sus redes sociales, según publica ‘El Diario Vasco’.

Hola 👋🏻 @policia ‼️

La prestación del servicio 👮🏻‍♂️ en la modalidad de incidencias, está debidamente regulada.

Pues parece que en #Irún , o no se han actualizado…. o se está “empujando” para aumentar el número de detenidos por EXTRANJERÍA desde la Jefatura de la Brigada pic.twitter.com/FHOlrS7QQB

— Jupol Guipuzcoa (@Jupol_Guipuzcoa) June 6, 2023

El delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, ha confirmado que la Jefatura Superior de la Policía anuló la orden escrita y que se ha abierto un expediente disciplinario a su autor, el jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irun. 

Ha calificado la orden dictada de «error absurdo» que «se ha subsanado a tiempo» y ha defendido que «no se corresponde con el funcionamiento ordinario» de este cuerpo policial. Ha asegurado que el inspector jefe «tomó la decisión por su cuenta», en un momento en el que el comisario de Irun «no estaba», por lo que no tuvo conocimiento de la misma.

«En el siglo XXI el rendimiento de la Policía, su eficacia, no depende del número de detenidos», ha afirmado a preguntas de los periodistas en Gasteiz. Además, ha precisado que la orden del responsable de la Brigada de Extranjería no se refería «específicamente» a detenciones de personas migrantes, sino «al conjunto de la población».

Sobre si se va a apartar del cargo al mando que emitió la orden, Itxaso ha dicho que cuando se abre un expediente disciplinario se activa un proceso en el que hay que dar audiencia a la persona afectada, con el fin de que «pueda alegar sus razones».

«Presión encubierta»

En su denuncia, el sindicato policial señalaba que «la prestación del servicio en la modalidad de incidencias está debidamente regulada» y que «parece que en Irún o no se han actualizado o se está ‘empujando’ para aumentar el número de detenidos por Extranjería desde la Jefatura de la Brigada».

De acuerdo con Jupol, la de Irun es una comisaría «muy pequeña» y una de las que más detenciones de migrantes practica de todo el Estado, casi al nivel de Madrid o Valencia. Se queja de que sufre «mucha presión» a causa de la inmigración por ser zona de tránsito hacia Europa y por las «devoluciones en caliente» por parte de la Policía francesa. En su opinión, la orden ahora anulada es «una forma de presión encubierta para obligarles a detener más»

Según ese sindicato policial, no es la primera vez que la Jefatura de la Policía emite una orden similar; ya lo hizo con motivo de la cumbre de la OTAN de junio de 2022 en Madrid, cuando se intensificaron los controles policiales en la muga entre Gipuzkoa y Lapurdi.

Según datos de 2017, un total de 7.467 personas fueron devueltas de un Estado a otro sin procedimiento administrativo ninguno entre los años 2012 y 2016. Ello se traduce en que cada día fueron expulsados en la muga de Irun –ya sea del Estado español al francés o viceversa– cuatro migrantes.

Restricciones y nueve muertos

La suspensión de la libre circulación de personas en enero de 2021 que conllevó el cierre de los pasos fronterizos y las restricciones impuestas para impedir el paso de migrantes han derivado en un drama con la muerte de al menos nueve migrantes al intentar cruzar la muga hacia el norte del Bidasoa.

A raíz de ello, la demanda de un corredor seguro para los migrantes que, partiendo de la muga de Irun-Hendaia alcanzara hasta el centro Pausa de Baiona y de allí hasta Burdeos fue respaldada por electos de las localidades concernidas, con los alcaldes José Antonio Santano y Kotte Ezenarro a la cabeza. Sin embargo, sus peticiones han caído de momento en saco roto.

Esta misma semana, la Prefectura de los Pirineos Atlánticos ha vinculado la apertura de la muga a la creación de patrullas franco-españolas.

El Gobierno de Lakua atendió a un total de 8.115 personas en los diferentes recursos habilitados para migrantes en tránsito durante 2021. Por su parte, la Cruz Roja realizó 3.447 atenciones en los primeros seis meses de 2022 en el centro Hilanderas, mientras que la red de voluntarios Irungo Harrera Sarea atendió en 2022 a más de 3.700 migrantes.

Estupor e indignación en Harrera Sarea

La red de auxilio a inmigrantes Irungo Harrera Sarea, que realiza una labor ingente en la zona hace años, ha recibido «con estupor y gran preocupación» la noticia, que resume como «premiar a policías por cazar migrantes».

«La falta de respeto y el pisoteo a los derechos fundamentales de las personas migrantes, a la legalidad vigente en temas de extranjería y a los derechos laborales de la policía es inaudito y como decimos, perturbador», constata.

Frente a ello, recuerda algunas cuestiones que debieran ser básicas: «Las personas migrantes tienen derechos fundamentales. Viajar para mejorar o salvar sus vidas es uno de ellos»; «No tener papeles es una falta administrativa, como tener una multa, no un delito penal»; «Irun se ha formado también gracias a la llegada de personas migrantes y ha sido y es una ruta natural de migración, es el mismo paso que cogieron nuestras familias rumbo a Hendaia para salvar sus vidas de los fascistas en 1936, ¿aquellas vidas valían más por ser blancas?»; y «con esta propuesta se legitima el racismo que aún puede quedar en las Fuerzas de seguridad y deslegitima los valores democráticos que en principio las rigen».

IHS se dirige también a la ciudadanía para que «conteste activamente a estas medidas que vacían de contenido las instituciones». Apela a la Jefatura de Policía para que «depure responsabilidades de inmediato y se den todas las dimisiones necesarias». Emplaza a las instituciones policiales en general a «formar dbidamente a sus agentes en respeto a los derechos humanos y lucha contra el racismo». Y se dirige también a sus agentes para que «hagan valer sus derechos como personas trabajadoras».

SOS Arrazakeria: «Racismo institucional»

SOS Arrazakeria considera que lo ocurrido es «un ejemplo más de racismo institucional» y critica que la denuncia de Jupol «no responde a consideraciones de violaciones de derechos sino a que eso supone aumentar la carga de trabajo y el estrés de los policías».

En un comunicado, ha denunciado que detener a personas por una infracción administrativa, en este caso el no tener su estancia regularizada, «es una discriminación respecto al resto de la ciudadanía y una violación de derechos fundamentales, el derecho de residir y circular libremente en tanto no se haya cometido un delito».

«El que esa discriminación esté recogida en la legislación de Extranjería no evita su ilegitimidad», señala, por lo que exige que sea derogada.

Esta asociación censura que este tipo de orden, y «el consiguiente modus operandi», viene acompañada de «los controles por perfil racial que, sistemáticamente, realizan todos los cuerpos policiales», lo que a su juicio muestra que, «independientemente del color político de las instancias gubernamentales, los cuerpos policiales tienen muy claro la vulnerabilidad de las personas migrantes. Y actúan en consecuencia».

LAB: «Violencia en la frontera»

El sindicato LAB considera «denunciable y de extrema gravedad lo sucedido», y entiende que esta noticia «es una muestra más de la realidad de violencia que vivimos diariamente en la frontera entre Irun y Hendaia. Sobran las declaraciones institucionales vacías y falta voluntad política real para acabar con estas prácticas, que lejos de ser cuestiones individuales se amparan en la impunidad brindada por los poderes públicos».

La central ha lamentado que «las instituciones públicas, que son las que deberían ser quienes dan el ejemplo en términos de protección y garantía de derechos fundamentales, sean desde dónde se fomenta y premia el racismo estructural». 

LAB ha exigido en su nota «la reapertura de la frontera, el cese de los controles por perfil étnico, racial y político y las devoluciones en caliente», y se suma a «la petición de que la Policía española abandone de una vez nuestra tierra».

Condecoración de la Guardia Civil

El mismo día en que ha salido a la luz este escándalo, la Guardia Civil de Gipuzkoa ha condecorado al jefe de la Brigada Móvil de Investigación de Hendaia de la Policía de Fronteras francesa (PAF), Benoît Roman Cassière, por su implicación en la «lucha contra las redes de inmigración irregular» que operan en la comarca del Bidasoa.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno español, el pasado 12 de abril, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, emitió la Resolución por la que, a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, se concedía la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, a Roman Cassière por su «destacada participación en una operación que permitió poner a disposición judicial una organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular mediante la presunta comisión de numerosos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros».

La condecoración le ha sido impuesta este miércoles por el subdelegado Guillermo Echenique durante un acto organizado en el cuartel de Intxaurrondo con motivo del 179 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, en el que el coronel de la Guardia Civil ha destacado la importancia de «la cooperación policial internacional para enfrentarse a este tipo de delincuencia transfronteriza».