Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el Estado español, visitó Sudán poco antes del estallido del conflicto armado el 15 de abril. En entrevista telefónica a NAIZ, advierte de que la situación en el país se deteriora «por momentos». Subraya que «si se sigue atacando a las misiones médicas y a las organizaciones de ayuda humanitaria, habrá un pico terrible de malnutrición, al que va a ser muy difícil responder».

«El año pasado por estas fechas había 84 millones de desplazados en el mundo. Ahora estamos hablando de 104 millones. Y en esta cifra no se incluyen los desplazados de Sudán. Año tras año, hay un aumento exponencial del número de personas que tienen que huir de sus hogares. Pero la financiación para dar respuesta a todas estas necesidades humanitarias no ha aumentado», denuncia.

¿En su visita a Sudán observó indicadores que hicieran prever este estallido bélico?

Ya veníamos observando un aumento gradual de la violencia. De hecho, lo veníamos alertando. Sudán tiene 48 millones de habitantes y un tercio necesitaba ayuda humanitaria para vivir antes de que comenzara la guerra, y había muy pocos fondos.

Sudán tiene cerca de dos millones y medio de refugiados de Etiopía, Sudán del Sur y de los países fronterizos que tienen un conflicto armado. Ahora toda esta gente ha tenido que huir otra vez.

Los organismos internacionales no han conseguido recaudar ni el 18% de lo necesario para Sudán porque el foco está puesto en otras crisis, como la Ucrania. Todo esto estaba generando mucha tensión social y política, y al final ha sucedido esto.

Dicho esto, que el conflicto estallara de una manera tan rápida y se expandiera a otras zonas del país con esta velocidad nos ha cogido de sorpresa, tanto a nosotros como a la comunidad internacional y a la propia población civil.

Han denunciado ataques a instalaciones médicas. ¿Se han convertido en un patrón?

Hemos registrado más de 35 ataques a estructuras de salud, lo que ha supuesto el cierre del 70% de hospitales y de centros de salud en el país. La población no tiene acceso a la mínima atención. Nuestros equipos están trabajando a contrarreloj para poder atender a los heridos, en su mayoría civiles.

Tenemos un equipo quirúrgico en Jartum que, en apenas tres semanas, ha realizado más de 400 operaciones, básicamente traumatológicas y cesáreas. En Darfur del Oeste y Darfur Central, los únicos hospitales que funcionaban a nivel provincial han tenido que cerrar porque han sido saqueados o el personal de salud no puede acceder a ellos.

«Vamos a tener un pico terrible de malnutrición, al que va a ser muy difícil responder si se sigue atacando a las misiones médicas»

También nos preocupa mucho la falta de acceso a los suministros. El saqueo de hospitales y de nuestros almacenes en diferentes puntos del país dificulta mucho el traslado de materiales y de medicamentos a las zonas donde estamos operando.

Pedimos a todos los actores armados que respeten el trabajo de las organizaciones de ayuda humanitaria, los hospitales y que permitan a los pacientes y al personal sanitario acceder a los centros de salud.

Hay personal que lleva horas y horas trabajando y no se le puede reemplazar porque nadie puede acceder a su puesto de trabajo. Uno de los retos mayores es conseguir hacer llegar los suministros y los visados para reemplazar al personal internacional.

¿Qué cadena de consecuencias acarrea un saqueo?

Los saqueos a hospitales tienen consecuencias directas en la población civil. En el hospital de El Geneina estábamos apoyando la Unidad de Pediatría. Cuando estuve en marzo estaba llena de niños y había un incremento de la malaria y de malnutrición. Este hospital, el único para toda una provincia, ha tenido que cerrar porque ha sido parcialmente destruido. Todos esos niños hospitalizados, incluidos los que estaban en la Unidad de Neonatología, tuvieron que huir con sus familias. Los programas de nutrición se han parado completamente. Todo genera un sufrimiento terrible de la población.

La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido de que la inseguridad alimentaria aguda se deteriorará aún más en 22 países, entre ellos Sudán.

El caso de Sudán es terrible porque ya antes de esta última guerra había casi doce millones de personas viviendo en una situación de inseguridad alimentaria.

«¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano ucraniano huyendo de la guerra y una ciudadana sudanesa huyendo también de la guerra?»

La mitad de la población del país se va a encontrar en una situación crítica, porque no solo se había reducido el número de distribuciones del PMA para refugiados, sino la cantidad y la frecuencia con que se hacían. Vamos a tener un pico terrible de malnutrición, al que va a ser muy difícil responder si se sigue atacando a las misiones médicas y a las organizaciones de ayuda humanitaria. No vamos a poder llegar a los lugares que nos necesitan.

También es de prever que aumenten los desplazados.

El año pasado por estas fechas  había 84 millones de desplazados en el mundo. Ahora son 104 millones, sin contar a los desplazados de Sudán.

Año tras año, sube el número de personas que tienen que huir, pero la financiación no aumenta. Se mantienen prácticamente los fondos de hace cinco años. La mayor parte han ido destinados a Ucrania. Crisis como la de Yemen, Afganistán, Siria o Sudán se han visto relegadas. Esta diferencia tan grande entre las necesidades y los recursos se traduce en más sufrimiento humano. A las personas no les queda otro remedio que huir. Muchas de ellas arriesgan sus vidas para llegar hasta las costas de Libia, a las islas griegas…

MSF ha denunciado la vulneración de derechos humanos que se da en los campamentos de refugiados de Grecia.

Estamos observando un continuo deterioro de la situación de migrantes y refugiados. Hay numerosas denuncias de secuestros, de devoluciones en caliente, de detenciones y privaciones de alimento y refugio. Esto está sucediendo de manera impune.

Hemos reclamado a las autoridades griegas y a la Comisión Europea que investiguen estas denuncias. Nuestros equipos han visto a personas enmascaradas en vehículos sin matrícula circulando por las zonas cercanas a donde están las personas que llegan, y nuestros pacientes nos han dicho que, en numerosas ocasiones, han visto cómo se les forzada a tirarse al mar en embarcaciones inseguras.

Hemos encontrado a refugiados atados con bridas y evidentes señales de tortura, que habían sido golpeados por enmascarados y por personas que se ganan su confianza diciéndoles que son personal médico de MSF.

Desde que empezamos a prestar asistencia médica de urgencia a las personas que llegan a las costas de Lesbos, en junio de 2022, no hemos podido localizar a unas 940 personas en los lugares en los que se nos informó que se encontraban o a los que habían llegado. Estas personas han desaparecido. Exigimos una investigación.

¿Cómo describiría los centros de detención en Lesbos?

El Centro Cerrado de Acceso Controlado (CCAC) de Megala Therma, en la costa norte, alberga a las personas recién llegadas. Se supone que solo es para hacer el registro, pero en la práctica se están quedando entre dos y tres semanas en unas condiciones de hacinamiento horribles. Vamos dos veces por semana. Si hay una emergencia en los días en que no vamos, la ambulancia tarda más de una hora en llegar. Un centro en el que tienen hacinadas a miles de personas y no hay atención médica. Es un emblema de crueldad. Esto es apoyado por la Comisión Europea.

En cuanto al de Mavrovouni, se vendió como una mejora de las condiciones de vida de las personas que llegaban a la isla. Desde el 17 de mayo, las autoridades griegas han reducido la distribución de alimentos tanto a quienes son reconocidos como refugiados como a los que se les deniega la protección internacional; solo facilitan comida a quienes están a la espera de respuesta. Todo esto es para forzar el desalojo.

Los menores de las familias a las que se les ha denegado la protección internacional no tienen acceso a vacunas ni a atención médica. Todo esto ha hecho que las tensiones en el interior del centro hayan aumentado muchísimo. Las personas que atendemos hablan de humillaciones, de colas enormes para conseguir alimentos...

«El saqueo de hospitales y de nuestros almacenes en diferentes puntos del país dificulta mucho el traslado de materiales y de medicamentos»

El Gobierno griego está utilizando la comida para obligar a desalojar el centro. Estas situaciones ocurren aquí al lado, en nuestras fronteras. Con el conflicto de Ucrania se ha demostrado ampliamente que Europa tiene capacidad de poder acoger a aquellas personas que huyen de una guerra.

¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano ucraniano huyendo de la guerra y una ciudadana sudanesa huyendo también de la guerra? La única diferencia es el color de piel, el origen.

El discurso de la UE sobre inmigración alimenta retóricas que criminalizan a las personas. Hay un doble rasero a la hora de decidir quién tiene o no derechos, saltándose todas las normativas en materia de derecho humanitario. Asistimos con mucha indignación a esta debacle de la moral. No se debería obligar a estas personas a buscar rutas mortíferas, porque lo van a seguir haciendo ya que no les queda otra alternativa, esa es la cuestión.

¿Cómo se siente frente a tanta impunidad?

Las situación en Grecia es vergonzosa y nos da una idea del nivel de hipocresía de las autoridades europeas a la hora de gestionar sus fronteras. En vez de garantizar una atención médica, oportuna y de calidad y que estas personas sean acogidas de una manera digna, están haciendo justamente lo contrario. Es una política totalmente inhumana que se traduce en el sufrimiento de miles de personas que están tratando llegar a un lugar más seguro. Esto nos genera dolor y rabia, pero a la vez es un motor para continuar trabajando.