Una concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbo, promovida por la asociación Babestu, la Federación Zaintza Babesten y el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha denunciado este jueves el «maltrato institucional» hacia las personas mayores, que han calificado de «insoportable». «¿Por qué la Fiscalía no investigó las muertes de las personas mayores en las residencias durante la pandemia?», han interpelado a sus responsables.

Los convocantes han destacado que, según señalan los estudios, el maltrato institucional es frecuente y es favorecido por las bajas ratios de personal, algo denunciado insistentemente por las trabajadoras de las residencias.

En la situación actual, preguntan «si no se actúa ante casos de negligencia flagrantes, ¿cuándo se actúa? ¿Cómo impedir nuevas negligencias? ¿Cómo prevenir el maltrato si las propias instituciones que deben actuar esquivan su deber?».

La movilización ha tenido lugar el Día Mundial de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez ante la «profunda decepción y sensación de indefensión» que sienten ante la falta de implicación de la Diputación de Bizkaia y de instancias judiciales, sobre todo de la Fiscalía, en la preservación de los derechos más básicos de las personas que vivían en residencias especialmente durante la pandemia. La modificación del decreto que regula el funcionamiento de las residencias en la CAV, tampoco les hace ser optimistas.

Desde Babestu han recordado que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el 62,5% de los residentes fallecidos no fue derivado a un centro hospitalario.

Una familiar ha incidido en que, en el periodo de la pandemia, a estas personas mayores «se les privó de uno de los derechos fundamentales, como es recibir toda la asistencia necesaria para conservar su vida, ya que las residencias no están preparadas para administrar determinados cuidados ante situaciones límites».

«Maltrato sin precedentes»

«Fue un maltrato sin precedentes», ha insistido, en el que a sus allegados «se les negó la posibilidad de ser atendido en un hospital, o esa derivación fue tan tardía que, nada podía hacerse ya por sanarles».

Ante esa situación, 18 familias decidieron en enero de 2021, con la mediación de Babestu, recurrir a la Justicia, para aclarar, si lo sucedido podría considerarse maltrato.

«La Fiscalía de Bizkaia archivó, uno por uno, cada caso que se presentó. No recibió a los familiares para hacer una exposición con detalle de nuestros casos, como tiempo después, en octubre de 2022, ordenó la Fiscalía General del Estado, y en lugar de eso, emitió las resoluciones sin haber procedido a más investigación que ponerse en contacto con los gerentes de las residencias», ha expuesto con enfado.

La asociación de familiares considera que la Fiscalía ha actuado de una «forma apresurada» y «protectora del sistema». En este caso, ha añadido, el Ministerio Público se ha alineado con las residencias denunciadas, «encajando» la decisión de archivo de las diligencias con argumentos con los que no están de acuerdo. Los allegados de esas 18 personas se sintieron indefensos y ninguneados.

Más empatía

«Creemos que un tema tan sensible como el fallecimiento de mayores en residencias en pandemia requiere un cierto nivel de empatía y un mayor esfuerzo por parte de nuestras instituciones. Echamos de menos ese esfuerzo», han incidido.

Han desvelado que el 26 de abril mantuvieron una reunión con la fiscal especializada en casos de discapacitados y personas mayores de la CAV, de la que solo obtuvieron «una tenue comprensión» «Fuimos escuchadas amablemente y sin ningún efecto positivo», han lamentado.

Han recordado que el maltrato al mayor es proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde los años 90 como una lacra social. A su juicio, los actuales protocolos están centrados en el maltrato doméstico, con olvido de lo institucional.

«Los profesionales que atienden a los mayores por lo general desconocen los protocolos, no tienen formación al respecto y no actúan de forma adecuada», han advertido. En tal sentido, han apuntado a que la Sociedad Española de Geriatría afirma que solo uno de cada catorce casos se denuncia.