«Estamos de victoria, Carolina se queda». Así han anunciado desde una ventana de la vivienda que Testa, el fondo buitre que había solicitado el desahucio de Carolina y su familia, ha pedido en el juzgado su paralización temporal.

Cientos de personas se han reunido a primera hora de este jueves en la calle Santos Otxandotegi de Buztintxuri, donde se había anunciado el desahucio de una familia con dos menores.

El fondo buitre Testa Residencial se ha hecho en la última década con decenas de viviendas de protección social en Iruñerria. Viviendas de titularidad pública que tras la crisis del 2008 perdieron ese estatus y fueron adquiridas por este fondo, que incrementó significativamente el precio a pagar por los inquilinos. Entre ellos, Carolina y su familia, con dos menores.

Pasadas las 08.30 el muro popular, en el que se han reunido vecinos, jóvenes de distintos barrios de Iruñerria y donde también se ha visto a varios concejales de EH Bildu, ha bloqueado el acceso al portal, el rellano, las escaleras y la entrada desde el garaje a la espera de la llegada de la comitiva judicial y la Policía Foral, que finalmente no han hecho acto de presencia.

Los balcones aledaños también se han sumado a la protesta, con pancartas con mensajes como ‘Carolina etxean nahi dugu’ o ‘Paremos el desahucio. Solución ya’.

Una vez conocida la noticia de la paralización del desahucio, los congregados han respondido con una ovación. Carolina, desde su ventana, ha querido agradecer a todos el apoyo mostrado «incluso sin siquiera conocerme». «No me salen las palabras», ha señalado visiblemente emocionada.

El colectivo Haritu, que había realizado la convocatoria para parar el desalojo, ha recordado que a pesar de la «victoria» de hoy, habrá nuevas citas para llevar a cabo el desahucio, por lo que han pedido que se responda a las siguientes convocatorias. «Seguiremos organizándonos en el barrio, pidiéndoos colaboración y atención para las siguientes alertas de este desahucio».

Además, han señalado que en esos mismos bloques de Buztintxuri hay otras familias que tienen desahucios programados para julio y agosto. Así, han denunciado la actitud del fondo buitre Testa. «Problemas, destrozos que no arregla para hacer que el barrio esté hecho una mierda, las vecinas se vayan y poder subir el alquiler a los siguientes inquilinos, subidas de alquiler ilegales como son subidas por el IBI, subidas de los gastos de comunidad...»

Frente a ello, han remarcado que el resultado de la jornada de hoy demuestra que «el trabajo y la organización da sus frutos», por lo que han apostado pos seguir ese camino.

25.000 viviendas vacías

En declaraciones a los medios, Haritu ha señalado que «se ha vulnerado no solo su derecho a la vivienda, sino su derecho a reconocerle como inquilina, porque el procedimiento judicial no era de derecho. Iba contra una tercera persona y no se ha reconocido que Carolina vive aquí».

Son conscientes de que «esto no es un punto y final», por lo que se encuentran en la labor de buscar una alternativa habitacional. Por ello, se han dirigido a las instituciones tanto del Ayuntamiento de Iruñea como del Gobierno navarro para trasladarles que «a pesar de que dicen que no tienen viviendas, hay muchas viviendas». De hecho, han denunciado que «hay muchas viviendas municipales de protección oficial vacías y tapiadas». Según las cifras ofrecidas por Haritu, hay 25.000 viviendas vacías en Nafarroa.

LAB hace responsable al Gobierno navarro

El sindicato LAB, en una nota, ha mostrado su «satisfacción» por la paralización del desahucio. Sin embargo, ha advertido de que se sucederán «más amenazas de este tipo», algo de lo que ha hecho responsable al Gobierno navarro «por desclasificar vivienda pública de alquiler social y favorecer su compra a fondos de inversiones buitre como Testa Residencial».

En opinión de LAB, la vivienda es «un derecho básico que no debe estar sujeto al negocio especulativo». El sindicato ha recordado que la legislación navarra reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, pero que, a pesar de ello, «se siguen sucediendo desahucios entre las personas económicamente más vulnerables».