«El avión es algo tenebroso para nosotros, pero habiéndolo encontrado e identificado no podemos permitir que siga volando», explica a la agencia AFP Mabel Careaga, una de las impulsoras de la repatriación del Skyvan PA-51, que perteneció a la Prefectura Naval.

En la última década, el avión estuvo a cargo de una empresa privada estadounidense que lo usaba para vuelos de paracaídismo.

La aeronave aterrizó la noche del viernes en el aeropuerto de Tucumán y proseguirá luego a Buenos Aires, donde se lo espera el lunes.

Mabel Careaga es hija de Esther Ballestrino, quien fue arrojada al mar desde ese avión militar, junto a las también fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor y María Ponce, las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet y otros siete activistas en un vuelo realizado la noche del 14 de diciembre de 1977, según la reconstrucción judicial.

«Es demasiado horroroso imaginar a mi mamá ahí», dice Careaga, quien junto a Cecilia de Vicenti, de 62 años, hija de Azucena, aspiran a que el aparato quede expuesto en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino de detención por donde pasaron unos 5.000 prisioneros y que hoy es Museo de Memoria ExESMA, en Buenos Aires.

La iniciativa tiene el respaldo del Gobierno, pero genera rechazo en algunos organismos de derechos humanos que prefieren «no hacer show de la muerte».

«El avión es parte de la historia que es dolorosa pero hay que contarla tal cual fue», responde De Vicenti. El grupo de secuestrados había sido señalado por el exmarino Alfredo Astiz, infiltrado en la organización Madres de Mayo y quien hoy cumple prisión perpetua.

El derrotero del avión

«Si hubo ‘vuelos de la muerte’, tiene que haber aviones», fue la premisa que dio pie a una búsqueda en registros de aviación militar y otros documentos, cuenta a AFP una de sus impulsoras, la periodista Miriam Lewin, superviviente de la ESMA, cuyo testimonio también recogió NAIZ hace escasos meses.

Se pudieron ubicar seis aviones mencionados por el exmarino Adolfo Scilingo, el primero en admitir su participación en los vuelos de la muerte, condenado en 2005 a 640 años de prisión por la Justicia española.

Tres de esos aviones estaban en Argentina, pero irrecuperables. «De los otros tres, el más accesible estaba en Miami, otro estaba paradójicamente en manos de las fuerzas armadas británicas y el otro en Luxemburgo», recuerda Lewin.

El de Miami resultó ser el Skyvan PA-51, el del vuelo del 14 de diciembre de 1977. En 2007 lo usaba una empresa de correos entre Bahamas y Fort Lauderdale.

La aeronave conservaba el historial de vuelos y pilotos, pero interpretar las planillas no fue fácil. «Aún había un pacto de silencio», explica Lewin.

El piloto comercial y cineasta Enrique Piñeyro analizó la documentación, descubrió entre 10 y 15 vuelos sospechosos y llevó la denuncia a la justicia.

«El avión es una cabina sin puerta. Tendrá seis, siete metros. Ahí apilaban todos los cuerpos semi anestesiados con pentotal, con un cinismo lo llamaban ‘Pento-naval’. Es una cosa espantosa. Cuando vos mirás esa caja, ese avión, decís: ¡Dios mío, lo que debe haber sido esto!», evoca Piñeyro.

Justicia y memoria

La investigación sobre el avión fue prueba en el juicio que en 2017 condenó a prisión perpetua a dos de los tres pilotos que realizaron el vuelo de ‘Los 12 de la Santa Cruz’. El tercero murió poco antes del veredicto.

Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura argentina. Los Skyvan realizaron más de 200 vuelos nocturnos sospechosos entre 1976 y 1978, según registros de la Prefectura. Hubo también vuelos de las otras fuerzas armadas.

«Esto es lo más perverso. En los ‘vuelos’, los desaparecidos desaparecían totalmente. Los militares genocidas querían destruir toda evidencia», sostiene Lewin.

Pero aquella noche, una Sudestada (viento fuerte del sur) arrojó los restos de cinco personas a las costas. Un médico policial forense indicó que los cuerpos presentaban fracturas compatibles con caídas de altura. Luego fueron enterrados en una fosa común en el cementerio cercano de General Lavalle, 300 km al sur de Buenos Aires y recién en 2005 fueron identificados.

Pasaron 15 años para que Mabel Careaga y Cecilia De Vicenti decidieran impulsar la repatriación del avión, con el respaldo de la madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida. El ministro de Economía Sergio Massa dio el visto bueno. Pero la aeronave se había mudado de Miami a Phoenix.

Tras varios meses de espera y numerosos trámites, el sábado 3 de junio el avión partió de Chicago rumbo al aeroparque de Buenos Aires, un viaje que llega a su fin.