Un total de 18 años de cárcel es lo que pide la Fiscalía para tres detenidos en Iruñea durante la huelga general de enero de 2020, una petición que ha sido denunciada públicamente por la plataforma Elkartasuna Grebalariekin, constituida en apoyo a los arrestados ese día en el centro comercial de La Morea. Han convocado una concentración el próximo 3 de julio a las 11.00 horas ante la Audiencia de Nafarroa, donde está prevista la celebración del juicio en esa fecha y hora.

En una comparecencia ante los medios, han recordado que ese día, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria convocó «una huelga en Euskal Herria por unas condiciones laborales y de vida dignas». Una convocatoria que se prorrogó por la tarde para acudir a La Morea, donde «se produjo un conflicto con la Guardia Civil», han señalado los portavoces de la plataforma.

Durante el mismo, una persona fue detenida, pero más tarde, «cuando todo parecía haber terminado, la gente empezó a abandonar La Morea y en ese momento, la Policía Foral se acercó y cargó contra gente que iba a casa».

Tras lo que han calificado de «masacre», cuatro personas fueron detenidas en el acto y otras cinco cuando «huían del lugar». Estas últimas «fueron puestas a disposición de la Guardia Civil como si ellos las hubieran detenido». Los arrestados pasaron la noche y todo el día siguiente en el calabozo, pasaron por el juzgado y quedaron en libertad, «conscientes de que se les abriría un proceso judicial».

A continuación, se abrieron dos procesos judiciales distintos. Por un lado, el de las personas detenidas por la Guardia Civil y otro, con las tres personas detenidas por la Policía Foral en el momento de la carga.

Tres años después, estos tres arrestados «están en riesgo de ser condenados a seis años de prisión» cada uno y a los que se les imputan delitos como atentado contra la autoridad y desórdenes públicos.

Petición «desproporcionada»

Según ha señalado la plataforma, «la Fiscalía ha puesto sobre ellos la máxima petición y está haciendo esfuerzos para que estas tres personas ingresen en prisión».

Al respecto, han añadido que «la fiscal no tiene intención de llegar a ningún tipo de acuerdo, ha ignorado reiteradamente las proposiciones de sentarse a hablar y la única opción para un acuerdo que ha propuesto conllevaba el ingreso en prisión de una de las personas enjuiciadas, con una pena de tres años y medio, y de dos años para las otras dos».

Por ese motivo, consideran que «su único objetivo es la entrada en prisión de estas tres personas» y que se trata de «una petición desproporcionada, más aún teniendo en cuenta los hechos».

Sobre esta situación, Elkartasuna Grebalariekin ha querido subrayar «el desarrollo de la represión en los últimos años. No es casualidad que vuelva a haber una petición de este tipo, ni que una vez más los policías hagan un relato irreal lleno de mentiras para poder justificar la represión». Además, ha denunciado que las consecuencias judiciales que las acompañan «suelen ser cada vez mayores e injustas».

Sus portavoces han añadido que el objetivo de este modo de proceder es «desmovilizar al movimiento popular y a los colectivos políticos, asfixiándolo económicamente». Pero han asegurado que «aquí hay un pueblo que va a seguir luchando, vamos a seguir firmemente con nuestra actuación política».

Finalmente, han expresado su solidaridad con los tres procesados, al tiempo que han condenado y denunciado «toda la represión sufrida» y «la fijación obsesiva de la fiscal», además de exigir «que se anule la demanda de cárcel».

Y han hecho un llamamiento a movilizarse y participar en la concentración que tendrá lugar el 3 de julio a las 11.00 horas ante la Audiencia de Nafarroa «para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con los procesados y denunciar todo lo que está sucediendo».