El Parlamento israelí (Knesset) ha aprobado esta madrugada en primera lectura la ley que elimina la doctrina de la razonabilidad, que permite al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales, uno de los pilares de la reforma judicial que impulsa el Gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu.

Mientras cientos de manifestantes antirreforma protestaban en el exterior, y algunos incluso se colaron dentro, el proyecto de ley pasó la barrera con 64 de votos a favor –todos los diputados de la coalición gobernante– y 56 en contra, tras una agitada sesión plenaria que se alargó más allá de la medianoche.

Después de la votación, los legisladores de la oposición gritaron «vergüenza», mientras los miembros de la coalición celebraban la victoria.

El jefe del comité de Constitución, Ley y Justicia, el ultraderechista Simcha Rothman –uno de los principales impulsores de la reforma–, ya está preparando el documento de la ley para llevar a cabo la votación en segunda y última lectura lo antes posible (normalmente se hacen el mismo día), y siempre antes del 31 de julio, cuando el Parlamento entra en el receso de verano.

Se trata de la primera aprobación de un proyecto de ley relacionado con la reforma judicial, desde que Netanyahu congelara su tramitación en marzo, presionado por las protestas sociales y una huelga general, para abrir paso a un diálogo con la oposición que fracasó en junio.

Movilizaciones

Como reacción, el movimiento de protestas ha convocado para este martes paros y manifestaciones por todo el país, que ya han comenzado con cortes de calles y carreteras, y que seguirán por la tarde con una gran manifestación en el aeropuerto internacional Ben Gurion, en la embajada de EEUU en Tel Aviv, y frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén, para acabar con una gran concentración nocturna en la avenida Kaplan, en el centro de Tel Aviv. La Policía ha detenido de momento a 24 manifestantes por «violar el orden público», después de que se haya obstaculizado el acceso a las principales ciudades como Tel Aviv, Jerusalén y Haifa.

«Los derechos de los tribunales y los ciudadanos israelíes no se verán perjudicados de ninguna manera. Los tribunales continuarán inspeccionando la legalidad de las decisiones y nombramientos oficiales», afirmó Netanyahu en un mensaje previo a la votación.

El Supremo aún podrá revocar decisiones gubernamentales en base a otros supuestos como la desproporcionalidad, la discriminación o la ilegalidad; pero muchos juristas ven la razonabilidad como una garantía a la separación de poderes.

«Objetivos corruptos y egoístas»

El líder de la oposición, Yair Lapid, ha acusado a la coalición de Gobierno de perseguir «objetivos corruptos y egoístas. Esta es una ley que le permite nombrar a un delincuente condenado como ministro», ha indicado en referencia al líder ultraortodoxo Aryeh Deri, cuya designación como ministro de Interior y Sanidad fue revocada por el Supremo el pasado enero, al considerarlo «extremadamente irrazonable», ya que Deri había sido inhabilitado un año antes tras acogerse a un acuerdo de culpabilidad por evasión fiscal que le permitió eludir la cárcel.

El arquitecto de la reforma, el ministro de Justicia, Yariv Levin, ha defendido que esta ley «no pone al Gobierno por encima de la ley», sino que permite a los legisladores acometer políticas por las que recibió el apoyo popular. «La situación en la que tres jueces ponen lo que es razonable para ellos, sus posiciones políticas, en contra de lo que determinó el pueblo, socava la base de la gobernabilidad democrática».