El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Gasteiz ha anulado varios preceptos de la orden dada por el Gobierno de Lakua en abril de 2021 para convocar un proceso selectivo que tenía por objeto constituir una bolsa de personal interino propio de secretarios e interventores locales, en la que se exigía la acreditación del perfil 3 y 4 de euskara.

El fallo, que tiene su origen en un recurso presentado por el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Bizkaia, rechaza que la acreditación del perfil 3 y 4 de euskara pueda ser un requisito para poder participar en el proceso, afirmando que «la exigencia del Euskera se configura como una causa de exclusión del proceso selectivo»

«En el presente caso, la exigencia del idioma cooficial se ha aplicado de manera desproporcionada e irracional, por lo que se observa una vulneración del art. 23.2 de la Constitución Española, exigencia desproporcionada que quiebra la igualdad en el acceso a un Cuerpo de funcionarios Estatal», remarca.

Asimismo, asevera que «la única administración con competencias para la selección y formación de estos funcionarios es la Administración nacional, aun cuando la Comunidad Autónoma puede constituir una bolsa de interinos».

Respuesta de Lakua

En declaraciones a los medios en Lakua, la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha anunciado que el Gabinete autonómico recurrirá el fallo y ha censurado que «en los últimos meses, asistimos a una muy preocupante escalada de resoluciones judiciales contrarias a la normalización del euskera que, además, laminan la competencia de autoorganización de las instituciones vascas y desgarran el autogobierno vasco».

«Esta sentencia viene a ahondar, aún más, en la estrategia de erosión silenciosa del autogobierno vasco por parte de los poderes del Estado y que, en las últimas fechas, además, está teniendo como víctima principal al euskera y al alto grado de consenso que las instituciones vascas, de la mano de la sociedad, hemos alcanzado en torno al impulso de nuestra lengua», ha manifestado en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional contra la normativa que permitía el uso preferente del euskara en los ayuntamientos.

Asimismo, Garamendi ha cargado contra los argumentos de la magistrada Ana María Martínez Navas, incidiendo en que el Ejecutivo tiene competencia para la contratación de los cuerpos de secretarios, interventores y secretarios-interventores de las administraciones locales. «Llama la atención que la jueza no tenga en cuenta ni la jurisprudencia que existe ni que la propia normativa estatal dice que esto –en alusión a la convocatoria de las bolsas– corresponde a la normativa autonómica», ha apuntado.

«Por lo tanto, no puedo más que decir que estamos absolutamente disconformes con la sentencia, porque entendemos que vulnera los derechos de nuestra ciudadanía y la recurriremos en apelación», ha remarcado.