Prisiones en la CAV y Tráfico en Nafarroa son las dos grandes materias que se han transferido en la legislatura que acaba de concluir, aunque en el camino, así lo ha afirmado la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno de Lakua, el acuerdo estaba cerca en el traspaso de las Cercanías de Renfe, frustrado por la convocatoria de elecciones estatales.

Ese traspaso de trenes de cercanías, por poner un ejemplo, lleva bloqueado a pesar de las promesas del Ministerio de Política Territorial de que se cerraría primero en 2021 y luego en 2022.

En los dos últimos años, apuntó Olatz Garamendi, desde el Gobierno de Sánchez «no se ha avanzado lo suficiente o no ha habido suficiente impulso o voluntad política para seguir con las transferencias».

«Nosotros, no obstante, seguimos trabajando propuestas nuevas. Independientemente de la parálisis por el otro lado, vamos a seguir desarrollando propuestas en todas y cada una de las materias que tenemos pendientes», prometió Garamendi.

Lo cierto es que la debilidad de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea es evidente y radica en que el Ejecutivo español entiende que el traspaso de transferencia es, según Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV-EHU, «una baza política a jugar cuándo y cómo le interese». «Es una antipedagogía política brutal, porque miden los tiempos», incide.

La «debilidad» de la unilateralidad

«Nuestra debilidad y la de Nafarroa radica en la unilateralidad, en que ellos son titulares de la capacidad de llevar adelante esto y, por lo tanto, se decidió que no hubiera un mecanismo para acudir a un arbitraje como pudiera haber sido el del Tribunal Constitucional, y fórmulas ingeniosas como las que se intentan con el Nuevo Estatus vasco, que es que no suplantes al Constitucional pero haya el equivalente a la Comisión del Concierto proyectado a otras competencias, no lo van a aceptar», sostiene el jurista.

En agosto de 2021, después de veinte años de parón, el Ejecutivo de Iruñea asumió una transferencia, la de Sanidad Penitenciaria. Ahora ha llegado la exclusividad en Tráfico, tras anunciarse reiteradamente sin resultado.

El incumplimiento es aún más grave teniendo en cuenta que los calendarios de transferencias los elabora el Gobierno español. No son pactados, aunque Lakua los acepte. Hay una veintena de materias, como las de Meteorología, Salvamento Marítimo, Fondo de protección de la cinematografía, Gestión del litoral y el Centro de Verificación de la Maquinaría, con sede en Barakaldo, que siguen a la espera.

La «joya de la corona», sin duda en el caso del Estatuto de Gernika, es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sin olvidarse de la importancia de Puertos, Inmigración, Régimen Electoral Municipal o la Homologación de Títulos, un asunto que genera importantes quebraderos de cabeza a muchas personas.

Al margen de Prisiones, Lakua recibió en 2022 con un retraso considerable la del Ingreso Mínimo Vital, al igual que Nafarroa. El 1 de julio de este año se hizo efectivo el traspaso de la competencia de Tráfico, que cerraron en marzo los gobiernos de Sánchez y Chivite, mientras EH Bildu ha pedido en el Congreso que se haga lo propio con la de Investigación Científica y Técnica.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, aseguró que esta transferencia no requiere solo de «voluntad política», sino también de «rigor técnico y jurídico», alegando que, según el Constitucional, es «una competencia concurrente», por lo que debe reglarse bajo el paraguas de la normativa básica del Estado.

Al final sucede algo recurrente: la Abogacía del Estado es la que marca impronta política arguyendo cuestiones técnicas, un clásico.