El vicepresidente del PTI, Shah Mahmood Qureshi, ha informado de la detención del líder del partido y ex primer ministro paquistaní, Imran Khan.

Khan ya fue brevemente arrestado por cargos de corrupción en mayo, lo que degeneró en violentos enfrentamientos entre los seguidores de su partido, que reclamaban su liberación, y las fuerzas de seguridad. La represión se saldó al menos con una decena de muertos.

El ex primer ministro fue condenado hoy a tres años de prisión por corrupción ya que «presentó deliberadamente detalles falsos» de los obsequios que recibió durante su etapa en el Gobierno a la Comisión Electoral, dijo el juez adicional de distrito, Humayun Dilawar, según recoge el medio paquistaní 'Dawn'.

Se trata de la primera condena firme que recibe el exmandatario, que en el último año ha enfrentado decenas de casos en su contra para los que lograba evadir el arresto obteniendo la libertad bajo fianza.

En concreto, Khan está acusado de no declarar obsequios que evitó transferir a Toshakhana, un depósito del Gobierno paquistaní donde se guardan los regalos recibidos por funcionarios gubernamentales de parte de responsables extranjeros.

Un proceso que comenzó el pasado octubre, cuando la Comisión Electoral de Pakistán declaró culpable a Khan de no declarar las ganancias de la venta de los obsequios estatales que recibió como primer ministro de 2018 a 2022 y solicitó un proceso penal contra el ex primer ministro.

«Fuera de la pugna electoral»

El PTI rechaza, sin embargo, el veredicto de hoy, insitiendo en que «estuvo teñido de posturas políticas» al basarse en hechos falsificados y no dar a Khan la oportunidad de presentar testigos ni el tiempo suficiente para reunir los argumentos suficientes.

La condena «se alcanzó a toda prisa para mantener al presidente fuera de la carrera electoral», agregó la formación en Twitter, advirtiendo que recurrirían en los tribunales.

Pakistán prevé celebrar elecciones a finales de este año, después de que el primer ministro, Shehbaz Sharif, anunciase ayer su intención de disolver la Asamblea Nacional el 9 de agosto, dando lugar a un plazo de 90 días para la celebración los comicios