![Fotos de víctimas de la dictadura, en Santiago de Chile.](/media/asset_publics/resources/001/024/543/article_main_landscape/chile.jpg)
«Es necesario recalcar que decir que EEUU intervino para derrocar al presidente Salvador Allende no es una opinión o un juicio de valor, sino que una constatación de la realidad, y gracias al trabajo de personas como Peter Kornbluh y otras, conocemos más de nuestra historia», ha expresado el grupo de diputados que ha impulsado la medida, militantes del partido Convergencia Social (CS).
Los parlamentarios hacen alusión al director del Proyecto de Documentación sobre Chile del National Security Archive, el estadounidense Peter Kornbluh, que por estos días ha publicado la primera versión chilena de ‘Pinochet Desclasificado’.
El libro, una completa investigación que repasa el rol de Washington en el devenir chileno de esos años, en esta oportunidad incluye documentos inéditos que revelan, entre otros puntos, la reunión secreta que sostuvo el magnate de medios de comunicación chileno Agustín Edwards con Richard Nixon seis horas antes de que el otrora mandatario estadounidense ordenara a la CIA desestabilizar al Gobierno de Salvador Allende.
«Más allá de la opinión política que diversos sectores políticos puedan tener sobre el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado y la dictadura, parece de toda lógica que esta Cámara de representación popular solicite que el pueblo de Chile conozca la verdad sobre la intervención de una potencia extranjera en nuestra soberanía», añaden los congresistas.
La iniciativa ha sido aprobada casi por unanimidad en el Congreso, contando con 125 votos a favor y dos votos en contra por parte de la ultraderecha representada por el Partido Republicano.
Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.
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