La corrupción se ha convertido en un deporte nacional en Ecuador. Esta circunstancia no siempre fue así, de hecho, entre los años 2008 y 2015, el país fue considerado como una isla de paz, tranquilidad y referente institucional a partir del avance en buena parte de sus indicadores. Destacaron los relativos a la universalización de la salud y el aumento en el gasto sanitario (del 1,8% del PIB en el año 2006 al 4,3% en el 2016).

Mejoraron los indicadores de desnutrición infantil y desempleo, aumentando la tasa de población económicamente activa de un 26,3% en 2007 a un 44,18% en 2015 o elevando el salario mínimo de 166 a 366 dólares entre 2006 y 2016. Se conformó una educación superior repleta de programas de intercambio para alumnos y profesorado internacional que era la envidia de la región. Se multiplicaron exponencialmente las becas, junto al despliegue de 68.000 km de tendido de fibra de alta velocidad de internet. Una situación inédita hasta la fecha.

Con todo ello, la pobreza se redujo al pasar del 37,6% en el año 2006 al 22,9% en 2016, además de la universalización del Bono de Desarrollo para las personas más vulnerables.

Esto no fue fácil, de hecho el expresidente Rafael Correa se tuvo que enfrentar a la banca con la denominada Ley de Redistribución del Gasto Social, a la que advirtió de que «antes se socializaban las pérdidas del sistema financiero, ahora se socializarán las ganancias». Las reformas alcanzaron al anquilosado Ministerio de Educación, que permitía, tanto por acción como por omisión, la compraventa de toda clase de títulos.

Los cambios eran aplaudidos y refrendados por la sociedad ecuatoriana en las urnas. Además, en 2008 se elaboró una nueva Constitución que fue un ejemplo de innovación al incluir la naturaleza como sujeto de derecho o al declarar en el artículo 283 que la economía ecuatoriana es social y solidaria (ESS) y reconocer al ser humano como sujeto y fin. Buena parte de la ciudadanía se acomodó y empezó a ver normal tanto cambio.

Nadie hablaba de maras o de violencia. En esa época lo único que se conocía de México eran su extraordinaria gente, sus playas y, en según que contexto, su tequila. Nada hacía pensar que años más tarde y a partir del desgobierno del expresidente Lenín Moreno cárteles mexicanos como los de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación tuvieran operaciones de calado en Ecuador y, mucho menos, que camparan a sus anchas como sucede hoy.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La verdad es que no hay una sola causa. De hecho, existen múltiples factores que por separado son destacables, pero de manera conjunta han convertido al país en un polvorín.

La llegada del presidente Lenín Moreno dinamitó todos los puentes con el partido que le aupó y, atrincherado en su falta de liderazgo e inquina al pasado, su equipo se limitó a censurar todo lo conseguido por Correa, además de desplegar todo tipo de procesos de lawfare, persecución y manipulación informativa.

No estuvo solo, puesto que tuvo varios lugartenientes que le hicieron el trabajo. Su primera fiel escudera fue María Paula Romo como ministra de Gobierno, quien sería censurada por incumplimiento de funciones y destituida por la Asamblea Nacional. Con ella acabaron en la cárcel la prefecta de Pichincha Paola Pabón, Christian González y Virgilio Hernández, acusados del delito de rebelión por ejercer el derecho de huelga en el levantamiento indígena de 2019 y en el caso de Paola agravado por publicar un tuit. 1.217 personas acabaron detenidas, muchas de ellas en la cárcel.

Todos los casos en contra del Ejecutivo de Rafael Correa tuvieron un perfil común: se buscaron altos dirigentes a los que perseguir y otros de menor calado a quienes se les ofreció ser testigos protegidos a cambio de testificar en contra de sus compañeros. González fue torturado y el director de la cárcel le propuso quedar en libertad si colaboraba y testificaba contra Pabón.
Otro de los cooperadores necesarios en el palacio presidencial de Carondelet fue Otto Sonnenholzner en calidad de vicepresidente de la República y en la actualidad candidato a presidente en las elecciones que se celebran hoy.

Bajo su mandato, Ecuador vivió buena parte de su zozobra. El diario ‘The New York Times’ señaló que la cifra de muertes en Ecuador por el covid-19 era 15 veces más alta de lo declarado por el Gobierno del cual formaba parte. Mientras ocupó el cargo de vicepresidente empezaron a aparecer finados en los parques sin ser llevados a sus velatorios y/o cementerios, mientras un trajín de camiones con ataúdes de cartón como supuesto placebo recorrían el país.

Lo cierto es que el Presupuesto General del Estado destinado a Salud pasó de un 4,29% en 2016 a un 2,78% en 2019. Como consecuencia de estos drásticos recortes en la partida de salud, en marzo de 2019 se denunció el despido de entre 2.500 y 3.500 trabajadores públicos del sector. En ese contexto, Sonnenholzner pagó 320 millones de dólares de deuda externa en plena pandemia pensando más en los acreedores que en los ecuatorianos que morían a diario.

Después llegó el turno del banquero Guillermo Lasso y cuando la cosa parecía que no podía ir peor, sus recetas se le atragantaron al intentar gestionar el país como su propio banco. La descoordinación entre ministerios, la falta de cumplimiento de gasto y las promesas electorales como la de «arreglar al país en los 100 primeros minutos de su gobierno» le pasaron factura.

De hecho, al cierre del año 2022 la ejecución del presupuesto destinado a proyectos de seguridad apenas llegó al 44% y sumando todos los ministerios hasta la fecha en  2023 parcamente lograron un 49%. Con ello, el descontrol fue total y los vendedores de crecepelo político se subieron al carro de cambiar el país sin explicar cómo.

Mientras tanto, el país se desangra

Mientras tatnto, el país se desangra con procesos de sicariatos selectivos, pérdida del control en las cárceles y una cúpula policial retratada y más preocupada por sus intereses particulares que del bienestar del país. Un claro ejemplo es el reciente asesinato del candidato Fernando Villavicencio como triste imagen, esta vez de una película de Berlanga.

En ese río revuelto aparece Jan Topic, aspirante a la Presidencia de la República del Ecuador y persona apoyada por la maquinaria del Partido Social Cristiano (PSC). Este francotirador, como así se autodenomina al presumir de haber formado parte de la Legión Extranjera francesa, se dedica principalmente a la seguridad privada siendo, además, contratista del Estado. Su imperio empezó a cincelarse en actividades variopintas. Desde la protección de condominios en elitistas urbanizaciones de Guayaquil, que, en ocasiones, al acabarse la extensión de sus contratos terminan siendo asaltadas sorpresivamente, hasta la gestión en el cobro de multas, llevándose un porcentaje. Como si los ayuntamientos no pudieran comprar fotorradares y recaudar el 100% de lo que les corresponde en lugar de compartirlo. Todo sin sospecha para la tan temida Contraloría General del Estado.

También destaca Telconet, empresa que tiene como actividad la provisión de servicios de telecomunicaciones e internet, que debe al Servicio de Rentas Internas (SRI) 32 millones de dólares. Los nombres de otras de sus muchas actividades son una evidente declaración de intenciones, como Seguridad Minera Internacional, Seminter. Es decir, proteger a los servicios de minería (y alejar los procesos de extractivismo de miradas indiscretas) y estar así en el alambre entre el bien y el mal.

El libre mercado lo aguanta todo. Solo hay que darse una vuelta por la provincia de Zamora Chinchipe para comprobar que estás en otro país, un espacio bunkerizado a la actividad minera. Allí, el expolio de la gasolina y diésel subvencionados no son la excepción, sino la norma.

Tanto la minería legal como la ilegal tienen el mismo modus operandi, la ciudadanía les subvenciona sus beneficios y todos callan. La omertà incluye a los indígenas de «poncho de oro», quienes claman a la Pachamama más gasóleo en vez de lluvia. Esto va de dinero, y nadie está dispuesto a perderlo.

Además de lo anteriormente descrito, hace unas semanas el propio Topic apareció en un podcast con Pedro Freile –persona que iba a ser su binomio presidencial, pero el Consejo Nacional Electoral no aprobó por no existir paridad de género– fumando en directo un porro de marihuana y haciendo, así, apología del Mal Vivir, en contradicción con la Constitución del Ecuador.

Entre broma y broma, como si la barbaridad cometida fuera de menor calado en un país devastado por el alcohol y el machismo, entre sus ocurrencias presidenciales ofreció eliminar las empresas públicas y debilitar el sistema de salud público, rebajando las cuotas de ingreso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Todo lo contrario de lo que se necesita para estabilizar las finanzas públicas y tratar de avanzar hacia una vida digna con protección integral en derechos básicos. Topic va en serio y una parte de la ciudadanía ecuatoriana hastiada está dispuesta a creerse su cuento como mal imitador de Nayib Bukele.

Solo quedan en la terna el joven empresario de derechas Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional y heredero de un emporio bananero, con algo más de pausa y realismo en sus propuestas, y Luisa González junto a su binomio Andrés Arauz, del movimiento Revolución Ciudadana.

Partido que aglutina parte de los movimientos sociales junto al empuje del correismo a los cuales solo les queda sobreponerse a una campaña verdaderamente sucia y manipulada desde todos los resortes del Estado.

La sociedad está muy fragmentada y por muchas evidencias de todo lo bueno que se hizo en el pasado, el Ecuador actual nada tiene que ver con el del final del mandato de Rafael en el año 2016. La suerte está echada y la paz de los ecuatorianos pende de un hilo a pesar de que ahora sí cabe afirmar que el pasado en Ecuador siempre fue mejor.