Japón está siendo inundado con comunicaciones procedentes de la China continental desde el pasado 24 de agosto para protestar por el inicio del vertido al océano Pacífico del agua tratada en la malograda central nuclear de Fukushima. Decenas –o centenares– de ciudadanos de toda la geografía del gigante asiático mantienen una campaña de presión contra el Gobierno de Fukushima, organismos públicos y empresas para expresar su malestar por la evacuación de estas aguas después que el propio Ejecutivo de Pekín prohibiera la importación de todo tipo de productos pesqueros del país del Sol Naciente.

Las autoridades de la prefectura de Fukushima y la Policía del país admitieron haber recibido más de 7.000 llamadas telefónicas con el prefijo «+86» de China. El propio gobernador, Masao Uchibori, reconoció que la Administración que él dirige recibió al menos 3.000 llamadas procedentes de China y la Policía japonesa informó de que diversas compañías, establecimientos hoteleros y otros negocios recibieron alrededor de 4.000 llamadas en chino con protestas en contra del vertido de agua tratada de la malograda planta nuclear.

Hospitales, servicios de ambulancias y de atención a los ancianos de la capital japonesa también han sido blanco de la ira de numerosos ciudadanos chinos y aseguran que estas llamadas ponen en peligro la vida de personas con las que intentan comunicarse.

Pero esta campaña no se ha limitado tan solo a llamadas de ciudadanos chinos descontentos con la evacuación de las aguas tratadas de la accidentada central: en China se han llegado a producir verdaderos actos de acoso a empresas y personas identificadas como japonesas e incluso se han llegado a producir lanzamientos de piedras contra escuelas y edificios diplomáticos nipones en algunas grandes ciudades del gigante asiático.

Invitación a debatir

El propio primer ministro japonés, Fumio Kishida, tuvo que salir al paso de manera urgente el lunes para solicitar a las autoridades chinas que instaran a sus ciudadanos a poner fin a esos actos de acoso, incluidas las llamadas telefónicas en tono de broma y el lanzamiento de piedras contra sedes diplomáticas y centros escolares japoneses.

Kishida reiteró, además, la invitación hecha al Gobierno chino meses atrás pidiendo un encuentro con sus dirigentes para celebrar un debate científico con expertos de ambos países en materia nuclear, a la que Pekín aún no ha dado respuesta, según el primer ministro nipón.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, por su parte, emitió una serie de recomendaciones a los ciudadanos japoneses que residen en China o planeen viajar a ese país, aconsejando tener cuidado con su lenguaje y comportamiento cuando se encuentren en la calle.

Entre otras medidas, la Cancillería recomienda a sus conciudadanos no hablar japonés en voz alta en público (a menos que sea necesario), vigilar atentamente a su alrededor cuando visiten la Embajada, los consulados generales y las escuelas niponas, no acercarse a las protestas contra Japón ni fotografiar a los manifestantes e informar a sus familias y empresas para las que trabajan sobre sus itinerarios.

En este sentido, el viceministro de Asuntos Exteriores nipón, Masataka Okano, convocó al embajador chino en Japón, Wu Jianghao, para exhortar al Ejecutivo de China a que pida calma a sus ciudadanos y garantice la seguridad de los japoneses que residen o se encuentran de paso en el gigante asiático.

Todas las garantías

Pese a que el plan de evacuación de las aguas también ha tenido una importante oposición entre grupos pesqueros que temen que esta acción dañe todavía más la reputación de los productos de la mar de la zona de Fukushima, parece que los resultados de los primeros test de las aguas tienen todas las garantías para ser vertidas a las aguas del Pacífico, según las autoridades.

Las primeras pruebas hechas públicas realizadas después del inicio del vertido confirman que el nivel de radiactividad se ajustaba a las previsiones y no superaba el límite máximo fijado. Según la empresa responsable de la central, Tokyo Electric Power Company (Tepco), el nivel radiactividad estaba «muy por debajo» del límite marcado de 1.500 becquerels por litro, siete veces inferior al recomendado por las autoridades nucleares internacionales.