Después de haber dicho el martes que este periodo previo a la investidura corresponde a los partidos y no a los dirigentes autonómicos, el lehendakari Iñigo Urkullu irrumpió ayer en el escenario público con una propuesta destinada únicamente a Madrid y basada en lo que llama «bilateralidad», pero que algunos como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entendieron como una reedición del «café para todos».

El lehendakari lanzó su propuesta a través en un artículo en ‘El País’ y consiste en impulsar una «convención constitucional». La presenta como «un recurso utilizado en la cultura política anglosajona, para cuya aplicación en nuestro caso no habría impedimento expreso». Se centraría en «actualizar la interpretación acordada de una parte de su contenido. Una convención constitucional para pactar una interpretación sobre aquello que la Constitución de 1978 no ha resuelto bien en relación con la cuestión ‘territorial’».

Esto conllevaría «un doble pacto. Primero, firmar un acuerdo preliminar de bases para la convocatoria y desarrollo de una convención constitucional sobre el autogobierno, incluyendo principios como el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada. Segundo, celebrar una convención constitucional en el plazo de un año para analizar ‘el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución’, ‘el autogobierno de las comunidades de raíz foral’ o, incluso, ‘el autogobierno de las nacionalidades históricas’».

¿Quién participaría?

En el artículo no hay más precisiones sobre esa «convención», como quiénes participarían en ella, y si, por ejemplo, desde Euskal Herria se deben plantear estas cuestiones en un foro en el que Vox y el PP tendrían un gran peso.

Urkullu incide en que es una fórmula «factible» y en que enlaza con la tradición de «pactar bilateralmente» cuestiones como el Concierto Económico.

Sostiene en su artículo que «el cambio anunciado en 1978 se quedó en una descentralización política y administrativa, pero no fue más allá», por lo que «ahora se abre una nueva oportunidad y puede ser el momento de dar nuevos pasos». Subraya que «nuestra voluntad sigue siendo el acuerdo y el pacto».

En el escrito hecho público ayer, el lehendakari acepta que «es obvio que el pacto no se le puede imponer al Estado. En esto consiste la bilateralidad: las dos partes deben estar de acuerdo y han de actuar con un compromiso de lealtad recíproca. No queremos imponer nada a nadie, tampoco podemos aceptar que se impida al pueblo vasco manifestar su voluntad».

Búsqueda de protagonismo

Que Iñigo Urkullu haya lanzado públicamente esta propuesta cuando es conocido que los partidos, incluido el suyo, están manteniendo conversaciones discretas e incluso en muchos aspectos secretas para buscar una investidura de Pedro Sánchez ha sido entendido por algunas fuerzas que participan en ellas como una búsqueda de protagonismo. Fuentes consultadas por GARA señalaron que si la legislatura se pone en marcha, es evidente que la cuestión territorial va a estar sobre la mesa.

Pero ahora el foco está en otras materias. Por ejemplo, desde la Generalitat dejaron claro ayer que «nuestro marco es otro». La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, declaró que «la mayoría social y política en Cataluña apuesta por la autodeterminación y la amnistía, y por tanto este es el marco de negociación que planteamos». Y aseguró que el Ejecutivo catalán defiende una negociación «de gobierno a gobierno», aunque mostró su respeto por la propuesta del lehendakari.

También el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont admitió que hay «conversaciones con los diferentes actores políticos, como es lógico». Aunque pidió «no confundir» esas conversaciones con una negociación, al tiempo que ponía en cuestión las noticias que hablan sobre diversos proyectos de ley de amnistía.

Explicó que «el diálogo es previo a toda negociación; puede servir para fijar el marco en que ésta puede discurrir, o puede servir para comprobar que no hay margen de negociación. Esto lo veremos en los próximos días».

EH Bildu: «Nada nuevo»

Después de que Iñigo Urkullu hiciera público su artículo de opinión, fuentes de EH Bildu señalaron que «la propuesta que rescata el lehendakari no ofrece ninguna novedad. La última vez que lo sacó a la palestra pública fue en 2018. El objeto del debate, en estos momentos, no estriba en qué instrumento se debe emplear, sino en encarar ese debate en términos estructurales como país».

Incidieron en que «en EH Bildu partimos de que Euskal Herria es una nación. El instrumento para su reconocimiento y articulación es un ejercicio que requiere de unidad de visión del conjunto del país y, sobre todo, de sosiego, prudencia, tranquilidad y perspectiva histórica».

Estas mismas fuentes recordaron que «tal y como ya señaló el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el martes en una entrevista en Radio Euskadi, el modelo territorial va a ser objeto de debate, va a ser el debate, en caso de que haya una investidura en términos progresistas y acepción de la plurinacionalidad. En ese caso, se va a adentrar en el debate territorial, y éste se debe encarar con calma y responsabilidad».

El Gobierno en funciones y el PP reaccionan con prudencia

Tanto el Gobierno en funciones como el PP reaccionaron ayer con prudencia a la propuesta hecha pública por el lehendakari en un intento claro de no desairarle en este momento político trascendental.

El ministro en funciones de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, calificó de «legítima» la propuesta, aunque aclaró que no es la que defiende su Gobierno. Valoró positivamente que entiende que busca «puntos de equilibrio» y de «acuerdo entre diferentes, dentro del marco constitucional».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el diálogo dentro de la Constitución y, sin mencionar expresamente a Urkullu, apuntó que en su partido están «abiertos a escuchar lo que se nos diga desde cualquier lugar de España», porque ellos sí son «libres de aceptar aquello que cabe en la Constitución y para decir que no a aquello que excede la Constitución».

Su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró como «bien encaminada» la propuesta de Iñigo Urkullu para un autogobierno «sin desigualdades».

Por su parte, el líder del PSPV y senador territorial y expresidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig, mostró su respaldo a la propuesta de celebrar una convención constitucional para reinterpretar la Constitución en materia territorial. Ahora bien, dejó claro que esa «ambición no puede limitarse a Euskadi y Cataluña».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), defendió que «está bien dialogar para avanzar en autogobierno», pero «sin relegar a nadie y siempre dentro de la Constitución».