Los sindicatos LAB, LEKU, ELA y ESK en Nervacero y Laminaciones Arregui han exigido a las instituciones, entre ellas al Gobierno de Lakua, que sean «garantes del mantenimiento de la actividad, del empleo, condiciones de trabajo y futuro» de las plantas del Grupo Celsa, especialmente estas dos.

Estos sindicatos han hecho este llamamiento mediante una nota después de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona que hace unos días dio vía libre a un grupo de fondos de inversión para sustituir a la familia Rubiralta como propietarios de la siderúrgica, al convertir 1.352 millones de deuda de Celsa en capital.

A juicio de los sindicatos, el Gobierno de Lakua «no puede eludir su responsabilidad» y debe «velar por los intereses de los trabajadores de Nervacero y Laminaciones Arregui», por lo que han solicitado una reunión con al Departamento de Industria del Ejecutivo para analizar la situación.

El grupo catalán tiene cerca de 500 trabajadores en Euskal Herria, repartidos entre Nervacero, ubicada en Portugalete, su principal acería, y lo que queda de la antigua Laminaciones Arregui en Gasteiz.

Las centrales afirman que «independientemente de que la sentencia dicta que se debe mantener el empleo sin alterar los centros estratégicos de la decisión, esto no va a tener un carácter indefinido», por lo que son las instituciones las que «deben ser garantes de lo que se cumpla».