El juez Alexandre de Moraes ha abierto este miércoles en la Corte Suprema de Brasil el juicio contra los cuatro primeros acusados de la asonada el pasado 8 de enero, una acción que ha calificado de «ataque golpista» realizaado con «odio irracional» contra la democracia.

De Moraes, relator del proceso, ha tomado la palabra para exponer la presunta responsabilidad del primer imputado por el violento asalto a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema en que se celebra el juicio, cuyo propósito era provocar un golpe de Estado contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Aécio Lúcio Costa Pereira, en prisión desde el mismo 8 de enero, es el primero de los cuatro acusados que la Corte Suprema sienta en el banquillo desde este miércoles y también el primero de las 1.390 personas que responderán penalmente por los sucesos de enero, que se han atribuido a un movimiento golpista de la ultraderecha.

La Procuraduría General de Brasil ha pedido este miércoles condenar a prisión a Costa Pereira por el «grave atentado contra la democracia» ocurrido el pasado 8 de enero. El viceprocurador Carlos Frederico Santos ha sostenido que se trató de un movimiento «totalitario» que «intentó derrocar al Gobierno legítimo» de Luiz Inácio Lula da Silva, «con el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones» de 2022, alimentado por «mentiras» de la ultraderecha.

Los imputados están acusados de los delitos de odio de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público.

Todos los acusados han sido identificados como seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocieron el resultado de las elecciones de octubre de 2022, que ganó el progresista Lula.

«Clara intención de interrumpir el proceso democrático»

Según de Moraes, quien ha subrayado el caracter «simbólico» de que el juicio se celebre en un plenario que fue «destruido» ese día, los manifestantes eran parte de una «turba violenta», que mediante esa acción «golpista» tenía «la clara intención de interrumpir el proceso democrático» y derrocar a un Gobierno constitucional y legítimamente constituido.

Según la investigación, el objetivo de las manifestaciones del 8 de enero era sembrar el caos e intentar provocar una intervención de las Fuerzas Armadas a fin de derrocar a Lula, quien habría asumido el poder una semana antes.

La responsabilidad de cada uno de los 1.390 acusados deberá ser determinada individualmente y en igual número de juicios, pues el derecho brasileño no contempla las «responsabilidades colectivas».

Tras la presentación del caso por parte del juez de Moraes, la Fiscalía General intervendrá como parte acusadora y luego será el turno de la defensa.

Posteriormente, se manifestará cada uno de los once miembros del Supremo, que tiene previsto dictar sentencia este mismo miércoles, aunque ha reservado una audiencia para el jueves en caso de que estos primeros cuatro juicios se extiendan.