La comisión creada en el Estado francés para abordar la cuestión del incesto ha hecho público este 21 de setiembre el informe en el que recoge los 27.000 testimonios recibidos en los últimos dos años, un trabajo que da cuenta de la dimensión del problema y que lleva a la comisión a reclamar medios para poder continuar con su trabajo en favor de la protección de los menores que sufren violencia sexual, muchas veces en su propio entorno familiar.

«Me dirigí a ustedes para aportar mi testimonio. Un mes después de hacerlo ocurrió algo formidable: supe que estaba embarazada, algo que solo ha sido posible después de haber hablado de lo sucedido y que me permite sentir que por fin voy a poder empezar una nueva vida», expresa D., una de las personas cuyo testimonio figura en ese informe del que da cuenta la agencia AFP.

«Es como si todo se hubiera abierto en mi de manera progresiva en este último año (...) ya no tengo que coger periódicamente una baja laboral por sentirme agotada», comenta B., otra mujer que se ha confiado a una comisión cuya labor concluye este 2023 y que no tiene garantizada su continuidad, pese a que este informe es solo la punta del iceberg.

El llamamiento a aportar testimonio respetando el anonimato que fue lanzado por la Comisión Independiente sobre el Incesto y las Violencias Sexuales a la Infancia (Ciivise) el 21 de septiembre de 2021 ha encontrado un amplio eco.

Se han recogido un total de 26.949 testimonios, de ellos 12.750 prestados por las víctimas a través del teléfono, 4.575 par correo y 8.969 a través de la página web.

Además, 755 personas han dado a conocer sus vivencias a través de reuniones y charlas organizadas a lo largo y ancho del Estado francés.

La asociación Izan, referente en Ipar Euskal Herria

En Ipar Euskal Herria, la asociación Izan forma parte de esa red de entidades que, por lo general por impulso de personas afectadas, se han puesto manos a la obra para tratar de ofrecer un espacio seguro a las personas que deseen dar el paso de hablar sobre lo sufrido.

Realizan además labores de sensibilización en el ámbito educativo o de atención a la infancia. Izan trata de construir una red de protección en torno a las personas que han sufrido esos abusos, a familiares o testigos de los mismos, con el objetivo de ayudar a que «se libere la palabra».

De hecho, la propia comisión estatal surgió a raíz de que Camille Kouchner publicara el lbro 'La famille grande' ( La familia grande ) en el que daba cuenta de los abusos de que fue objeto su hermano gemelo, Antoine, por parte de su padrastro, Olivier Duhamel, ex diputado europeo, académico y rostro habitual de debates y programas divulgativos en la televisión gala.

El relato provocó una ola de testimonios bajo el hashtag #MeTooInceste a la que el Gobierno de Emmanuel Macron se vio obligado a dar respuesta con el anuncio de la creación de una comisión que ha rendido hoy cuentas de su trabajo pero cuya continuidad no está asegurada.

Además, el Estado francés aprobó, a resultas de esa campaña, que se solapó a la ola de denuncias de abusos en el seno de la Iglesia católica, una ley que tipifica como delito toda relación sexual entre un adulto y una persona menor de 13 años de edad -por debajo de esa edad no existe consentimiento- y que establece una edad de protección especial de 13 a 15 años.

Cabe recordar que el informe sobre el abuso sexual a menores en el seno de la Iglesia católica francesa quedó reflejado en un informe publicado en 2021 en el que se recoge no menos de 300.000 víctimas desde 1950.

Con ese informe de la Ciase en la mano el propio obispo de Baiona, Marc Ailletr, debió reconocer que 13 sacerdotes de su diócesis figuraban en esa lista de agresores.

Serias dudas sobre la protección al menor

«La forma en que un niño víctima de violencia sexual es escuchado, creído y protegido incide en las consecuencias que puede padecer a lo largo de su vida: toxicomanía, alcoholismo, desórdenes alimentarios, violencia en la pareja y otras patologías difíciles de catalogar», han explicado los portavoces de Ciivise en la presentación de este primer informe dedicado a analizar los testimonios de víctimas de agresiones sexuales cometidas en en ámbito familiar.

Sin embargo, sólo el 8% de las personas abusadas que han prestado testimonio contaron, según ha podido constatar la comisión, con «un respaldo social positivo».

A uno de cada dos niños no se le ofreció un entorno seguro ni se le aportó ninguna otra ayuda, según señala la comisión, cuyo vicepresidente, Edouard Durand, ha querido dejar claro que «el incesto no es un asunto privado, no es una suma insoportable de historias privadas, es un problema colectivo, de orden público, de salud pública».

Los datos son lacerantes, ya que seis de cada diez profesionales no actuaron positivamente cara a dar esa seguridad al menor, «cuando los datos demuestran que si se da ese apoyo seis de cada diez niños y niñas presentan denuncia».

Cuando la víctima da el paso de buscar un confidente cercano, «en un 70% son las madres las que actúan para proteger a esa niña o niño», añade el informe.

La trampa para las madres

Durand ha querido remarcar la dura situación a la que se aboca a esas madres ya que, cuando dan el paso de alertar a las autoridades «a menudo son vistas como negligentes cuando no como cómplices» de lo ocurrido, y cuando acuden a la Justicia «pueden ser acusadas por el entorno de mentir o de manipular a la víctima para sus propios fines», ha explicado Durand.

Fue el caso de Sarah Kadi, que dio testimonio en el documental 'Un silence si bruyard' ('Un ruidoso silencio') emitido recientemente por el canal de televisión M6.

Las autoridades le forzaron durante cuatro años a dejar a su hija durante los fines de semana y las vacaciones con su padre, al que ella acusaba de agresión sexual, hasta que ese hombre fue detenido por «intento de violación sobre una menor».

Durante esos cuatro años la niña cuya historia se narra en el reportaje televisivo siguió sufriendo abusos, sobre los que optó por guardar silencio.

A la vista de las múltiples lagunas en el trato a los menores abusados, la comisión ha pedido que se le permita seguir trabajando cuando expire su mandato en diciembre.

Más de 17.000 personas han respaldado ya con su firma esa solicitud que han avalado mediante un artículo de prensa la propia Camille Kouchner, además de otras personalidades como la actriz Emmanuelle Béart o la autora Christine Angot.