La Fiscalía ha pedido al juzgado que investigue las torturas de la policía franquista a un sindicalista en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, invocando por primera vez la nueva Ley de Memoria Democrática, que abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la Ley de Amnistía impedía perseguir.

Carles Vallejo fue detenido en Barcelona el 17 de diciembre de 1970. Los agentes de la Brigada Político Social lo llevaron a la comisaría de Via Laietana, donde lo mantuvieron durante 21 días. Vallejo denunció haber sufrido torturas y humillaciones por su militancia en CCOO.

Aunque la ley franquista había marcado en 72 horas el tiempo máximo que los detenidos podrían estar en manos de la Policía, en aquella época se decretó un estado de excepción a raíz de las movilizaciones que pedía la conmutación de la pena de muerte dictada en el proceso de Burgos. Vallejo denunció haber sufrido «la bolsa», patadas, golpes, que lo mantuvieron en cuclillas durante horas y privación de sueño.

En el informe de la Fiscalía, presentado ante el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, el Ministerio Público apoya la admisión a trámite de la querella por torturas que presentó contra seis policías franquistas por torturarlo.

Es la primera vez en el Estado español que la Fiscalía se pronuncia a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que según mantiene el Ministerio Público permite investigar ese tipo de delitos por la vía penal.

En su informe, la Fiscalía recuerda que la nueva ley «impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista».

Por ese motivo, el Ministerio Público considera que es necesario investigar los hechos y «su contexto», antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento, al tiempo que insiste en que su obligación no es solo garantizar el derecho a la justicia sino a la «verdad y reparación de las víctimas».

El pasado mes de junio, la fiscal del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, en el que recayó la querella, presentó un informe en el que, sin hacer alusión alguna a la Ley de Memoria Histórica, se oponía a la admisión a trámite de la denuncia con el argumento de que los delitos habrían prescrito y que la Ley de Amnistía impide investigarlos.

No obstante, la decisión fue revisada por la exministra española de Justicia Dolores Delgado, que de acuerdo con la Fiscalía de Barcelona ha apostado ahora por pedir a la jueza instructora que abra una investigación por las torturas en Via Laietana.

Otra investigación

No sería la primera investigación sobre violaciones de derechos humanos en el franquismo: un juzgado de instrucción de Madrid admitió a trámite la querella de un hombre que fue torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975, en una causa en la que ya se ha tomado declaración a la víctima, Julio Pacheco, que a su salida declaró que «empezamos a romper el muro de la impunidad».

La Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre este caso, aunque a la declaración de la víctima acudió una fiscal del área de Memoria Democrática.