El independentismo catalán celebró ayer el sexto aniversario del referéndum del 1-O en un contexto agitado por las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que esta semana ocuparán el primer plano informativo tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, hoy arranca la ronda de los partidos con Felipe de Borbón, que debería culminar con la designación del líder del PSOE.

Que las negociaciones están en marcha y que han tenido sus avances es conocido. Basten como prueba la petición del Ministerio de Interior de retirar al independentismo catalán del informe de Europol sobre terrorismo, o las palabras de agradecimiento de Carles Puigdemont al ministro de Exteriores, José Albares, tras el aplazado intento de oficializar el catalán en la UE.

Al mismo tiempo, una vez situados los focos sobre la negociación, a nadie se le escapa que todo va a ser más difícil, tanto por el lado del PSOE –además de la vieja guardia, varones como Emiliano García-Page han pedido al TC que suspenda la amnistía–, como por el lado catalán. La nunca resuelta pugna entre Junts y ERC, que ya resultó fatídica hace seis años, pende ahora sobre la mesa de diálogo. En el lado vasco, todo transcurre con mayor sigilo, pese a la incomodidad transmitida por el PNV durante el intento de investidura de Feijóo.

El legado del 1-O y el recuerdo de la DUI del 27-O

Pese a su carga emocional y las pullas que se dedicaron unos otros, Junts y ERC midieron mucho sus discursos. Tanto Puigdemont como el president, Pere Aragonés, hablaron de la necesaria –y ausente– unidad del independentismo. El referéndum, pactado o unilateral, estuvo en boca de todos, pero nadie lo esgrimió como condición para la investidura. Nadie prepara el terreno al relato de la repetición electoral y solo la ANC, desde otra galaxia, cargó contra la «amnistía-trampa».

De hecho, la propia resolución del Parlament sobre el referéndum, que se ha presentado como un órdago por parte catalana, es mucho más flexible de lo que se ha trasladado.

El texto no dice que Junts y ERC pongan el referéndum como condición. Dice algo bastante más creativo: «El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no den apoyo a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar por hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum». Aquí nadie quiere pillarse los dedos.

Esta guerra dialéctica, en la que ERC y Junts pugnan por mostrarse a cada quien más fiel al supuesto mandato independentista, no supone todavía una amenaza vital para las negociaciones de investidura, pero trae al recuerdo las intensas horas de septiembre de 2017, cuando esta pugna acabó con una Declaración de Independencia que ni ERC ni los sucesores de Convergència deseaban, conscientes de que tras aquel fuego de artificio solo quedaba el vacío por el que entró el artículo 155. Puigdemont quiso convocar elecciones, pero Junqueras se puso de perfil. El entonces president no quiso cargar solo con aquella convocatoria electoral y todo acabó con la DUI, la cárcel y el exilio.