Desde el 2 de octubre Guatemala está en paro. Las movilizaciones que empezaron hace una semana se transformaron en un paro nacional indefinido, al que cada día más gente se suma. Exigen la salida de la fiscal general, Consuelo Porras, que, según el presidente electo, Bernardo Arévalo, está intentando organizar un golpe de Estado.

En varios departamentos se llevan a cabo bloqueos de carreteras y acciones en contra del acoso del Ministerio Público (MP) al Movimiento Semilla, el partido progresista que ganó las elecciones presidenciales. Los manifestantes que mantienen bloqueadas unas 130 carreteras y la capital piden la destitución de quienes hostigan a Semilla: Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.

Los consideran responsables de atentar contra la democracia y el resultado electoral. «Hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia», advirtió Arévalo hace más de un mes. «Estamos viendo un golpe de Estado en curso en el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la Justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente», añadió.

Desde hace tiempo, la Fiscalía está poniendo trabas en el camino de Semilla, partido que se formó tras las protestas masivas de 2015 en contra de la corrupción. Su último ataque, el 30 de septiembre, cuando se llevó del Tribunal Supremo Electoral (TSE) las boletas de la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio. La FECI ha acusado a Semilla de presentar firmas falsas para la constitución del partido y el juez Fredy Orellana ordenó suspender su personalidad jurídica.

Para el pueblo guatemalteco ha sido la gota que ha colmado el vaso. La semana pasada, autoridades indígenas han bloqueado las carreteras y sus lideres se han instalado frente al MP en Ciudad de Guatemala. «No venimos a representar a ningún partido político, el momento es de defensa a la democracia en representación de los pueblos originarios indígenas», advirtió Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán. «No venimos a pelear, pero si va a ser necesario cerrar el MP, lo vamos a hacer», avisó.

Una semana después, al paro nacional se han sumado más cantones, departamentos y sectores de la sociedad civil. El paro nacional se volvió indefinido: los manifestantes dicen que allí se quedarán hasta que Fredy Orellana, Rafael Curruchiche y Consuelo Porras renuncien.

«No renunciarán. Su actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento a la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho», respondió la Fiscalía.

La FECI fue establecida en 2006 para investigar más de un centenar de casos de alto impacto, relacionados con organizaciones criminales y redes de corrupción, nacionales e internacionales. Se creó al mismo tiempo que la ONU conformó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicicg), con el propósito de apoyar a la Fiscalía en la desarticulación de esas estructuras criminales.

Se abrieron juicios que llevaron al banquillo de los acusados a expresidentes como Otto Pérez Molina, a miembros de la élite económica y a la (casi) intocable cúpula militar: hubo juicios por crímenes de lesa humanidad relacionados con las atrocidades cometidas durante la guerra civil que se prolongó durante más de treinta años. En 2013, Guatemala llegó a condenar al general y exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio del pueblo maya ocurrido a principios de los años ‘80. Fue una sentencia histórica, pues ha sido el primer tribunal local en emitir un fallo de este tipo, aunque luego fuera anulado.

Pronto los sectores ultraconservadores guatemaltecos empezaron a reorganizarse. En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Cicig, que había empezado a investigar la presunta financiación ilícita de su campaña, con el pretexto de que «puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala». El año anterior, Morales había nombrado a Consuelo Porras como fiscal general y, bajo su mandato, la FECI pasó de perseguir la corrupción a ser un órgano que hostiga judicialmente a fiscales, abogados, jueces y periodistas críticos. Desde su nombramiento, 22 periodistas independientes y 42 magistrados guatemaltecos se tuvieron que exiliar. Juan Francisco Sandoval es uno de ellos y asegura que la democracia está en peligro en su país.

¿Cómo pasó Guatemala de tener una estrategia anticorrupción tan innovadora y reconocida internacionalmente  a la situación actual?

El trabajo que desarrolló la Fiscalía, con acompañamiento de la Cicig, permitió descubrir los cuerpos ilegales incrustados en el Estado, la manera en que operan y cómo la élite económica del país es usuaria de ese sistema tan corrupto. El hecho de que el sistema de Justicia comenzara una ruta de fortalecimiento constituyó para las personas con mayor poder en Guatemala un motivo de preocupación. Estas personas tienen el control de todas las instituciones del Estado y se rearticularon, destinando todas sus energías a desmontar el aparato anticorrupción. Comenzaron sacando abruptamente a la Cicig, después desmantelaron la Fiscalía y luego persiguieron a los funcionarios que descubrimos sus graves actos de corrupción.

«El trabajo que desarrolló la Fiscalía, con acompañamiento de la Cicig, permitió descubrir los cuerpos ilegales incrustados en el Estado, la manera en que operan y cómo la élite económica del país es usuaria de ese sistema tan corrupto»

¿Cuándo empezó su persecución? ¿Fue por algún caso que estaba investigando?

La persecución en mi contra inició desde el momento en que Consuelo Porras fue designada fiscal general, en mayo de 2018. La atribuyo no a un caso en específico, yo era el encargado de la FECI y mi responsabilidad estaba cimentada sobre la base de todos los casos que gestionaba, incluyendo los que se relacionan con grandes redes político-económicas ilícitas, como el caso Cooptación del Estado, que involucraba el expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que finalmente fueron condenados. Mi trabajo abarcó fenómenos de corrupción en los tres poderes del Estado, también hubo casos que se relacionaban con la manipulación de la elección de las altas cortes de Justicia, con la financiación ilícita de campañas políticas, con lavado del producto del narcotráfico y con organizaciones que tienen alto poder de fuego.

¿De qué forma se está dando  esa persecución?

Hay más de cien denuncias en mi contra, son tantas que ni las recuerdo todas, ninguna tiene sustento. Además, tengo seis órdenes de captura en expedientes a los que ni siquiera he podido tener acceso. La primera fue por haber iniciado una pesquisa que se relacionaba con la posible recepción de sobornos por parte del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei; la segunda fue por la investigación del ‘caso Odebrecht’: descubrimos que unos veinte millones de dólares fueron dados en sobornos a por lo menos ciento ocho integrantes del Congreso de la República para beneficiar a la constructora brasileña. Lejos de continuar con estas investigaciones, la Fiscalía emitió una orden de captura en mi contra. También, recibí múltiples amenazas de atentados, uno de ellos dirigido por el excandidato presidencial Mario Estrada, que actualmente se encuentra cumpliendo prisión en Estados Unidos.

«Consuelo Porras fue nombrada fiscal general con el propósito de socavar la democracia y proteger a los actores corruptos»

¿Qué ha pasado con los casos que estaba usted investigando en la FECI?

Han sido desmantelados. Lo que está haciendo el Ministerio Público es utilizar esos casos para fundamentar la persecución ilegítima en mi contra y en contra de mis colegas. ¿En qué forma? Pretendiendo, mediante la implantación probatoria o una mala fe, indicar que en los casos que nosotros desarrollamos se cometieron abusos o que hubo errores. Consuelo Porras fue nombrada fiscal general con el propósito de socavar la democracia y proteger a los actores corruptos. Yo ya conocía su manera de operar, pues estuve tres años y cuatro meses trabajando con ella en la Fiscalía.

Este año ganó las elecciones el Movimiento Semilla, un nuevo partido que no representa a la élite política-económica tradicional, pero la oligarquía guatemalteca está intentando ponerle trabas. ¿Qué piensa de la situación actual?

Las fuerzas oscuras que realizaron la persecución en nuestra contra han desarrollado la misma dinámica en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala. En este momento está en riesgo la democracia, no se quiere respetar la voluntad popular expresada en las urnas en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto pasados. 

«Es esperanzador de que haya un nuevo Gobierno electo en Guatemala, pero creo que mi regreso va a ser muy difícil, no hay garantías»

¿Piensa que en un futuro próximo, tras el cambio de Gobierno, tendrá posibilidad de regresar a Guatemala?

Es esperanzador de que haya un nuevo Gobierno electo en Guatemala, pero creo que mi regreso va a ser muy difícil, no hay garantías.