El Consejo de Estado francés ha emitido este miércoles un pronunciamiento sobre la decisión del Ministerio de Interior francés en relación a la denuncia en las calles de la agresión militar que sufre Palestina, recrudecida tras el ataque armado de Hamas del 7 de octubre pasado.
El Consejo de Estado se pronuncia contra la prohibición sistemática de todas las movilizaciones pro palestinas postulada por Gérald Darmanin.
En un telegrama dirigido a las prefecturas el pasado 12 de octubre , esto es cinco días después del ataque de Hamas, el ministro de Interior francés instó a estas delegaciones estatales a prohibir las manifestaciones pro palestinas «al ser susceptibles de general alteraciones de orden público».
Cabe recordar que en base a esa doctrina la Prefectura de Pirineos Atlánticos prohibió, la pasada semana una concentración convocada en Urruña, mientras que la Policía vigiló de cerca un acto de denuncia de los ataques contra Palestina desarrollada en Maule.
En la capital zuberotarra la Prefectura exigió al alcalde, Louis Labadot, quitar la bandera palestina que ondeaba desde un año atrás en el Consistorio, en razón del hermanamiento de Maule con un campo de refugiados de Cisjordania.
Potestad extraordinaria
Precisamente el Consejo de Estado basa su rechazo a esa prohibición sistemática en el argumento de que corresponde a las prefecturas determinar «caso a caso» si las convocatorias son susceptibles de «generar alternaciones de orden público».
Tal argumento fue cuestionado por distintas entidades sindicales y sociales durante el ciclo de movilizaciones contra la reforma de pensiones, y más recientemente con motivo de las protestas para denunciar la violencia policial, al entender que se da una potestad extraordinaria a los prefectos cara a gestionar de manera preventiva el derecho de manifestación.
El propio Consejo Constitucional se pronunció, efectivamente, contra la intención del primer Gobierno de Emmanuel Macron (2017) de dar a los prefectos la potestad de prohibir manifestaciones.
Sin embargo, la nueva ley securitaria, en vigor en el Hexágono desde 2021 dio por buena, sin embargo, esa doctrina que deja al arbitrio de un funcionario estatal la aplicación de un derecho fundamental, como es el derecho de reunión y manifestación.
No es, con todo, la primera vez que el Consejo de Estado hace una lectura, más bien garantista, del derecho de manifestación.
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