El país centroamericano amanece un día más con una veintena de bloqueos en las carreteras y con una movilización permanente de cientos de personas frente a la sede del Ministerio Público (MP). Las organizaciones indígenas de Sololá, Quiché, los 48 Cantones de Totonicapán y el Pueblo Xinca no dan su brazo a torcer y anuncian que continuarán las protestas hasta que Consuelo Porras abandone su cargo, así como el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Séptimo Fredy Orellana, a quienes acusan de «golpistas» por orquestar una investigación contra el Movimiento Semilla, ganador de las elecciones del 20 de agosto.

De momento, el único que ha presentado su dimisión es el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien se había negado a reprimir con violencia las manifestaciones. Ello provocó que incluso la Fiscalía solicitara a la Corte de Constitucionalidad (CC) la destitución de Barrientos por no haber garantizado la libre circulación, ni el acceso y egreso de los trabajadores del MP en su sede central rodeada de manifestantes.

Con el nuevo ministro recién nombrado, Byron René Bor, la CC le dio este miércoles un plazo de seis horas, así como a la Policía Nacional Civil, para que habilitara el acceso pleno a las sedes del MP y arrestara a los implicados de delitos en flagrancia, lo que provocó el temor de un enfrentamiento con los manifestantes. Para evitar un posible baño de sangre, las autoridades ancestrales se reunieron durante dos horas con el Ministerio de Gobernación y la Policía con la mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tras la cual se dirigieron a la sede de la Fiscalía donde retiraron de las rejas todos los carteles. Por su parte, la Policía resguardó con vallas los accesos peatonales al edificio que nuevamente abrió sus puertas ayer, si bien continúa la manifestación hasta que renuncie Consuelo Porras.

Giammattei se niega

Seis miembros de las autoridades indígenas se reunieron el pasado 12 de octubre con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a quien exigieron que pida la renuncia de Porras. A pesar de que cientos de personas rodearon la Casa Presidencial, Giammattei no cedió y les contestó que «no tenía las facultades de poder pedir la renuncia», cuando él mismo la reeligió para cuatro años más en mayo de 2022 como fiscal general. Ello después de que fuera incluida en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos por su persecución contra quienes habían investigado la corrupción, entre ellas la exfiscal general Thelma Aldana, quien se «exilió» en EEUU.

Giammattei ha intentado desacreditar las protestas asegurando que cuentan con financiación de ONG extranjeras, a lo que Edgar Tuy, autoridad indígena de Sololá, rechazó replicando «que es un movimiento del pueblo que ha salido a manifestarse en defensa de la democracia».

Las protestas ya se han cobrado la primera víctima mortal, después de que esta semana, medio centenar de hombres armados pretendieran desalojar uno de los bloqueos en Malacatán, matando a tiros a una persona e hiriendo a otras dos. Horas después, fueron detenidos once hombres contra quienes un juez ha decretado prisión preventiva y entre los que se encuentra un narcotraficante.

Mientras, las autoridades indígenas no desisten y continúan con sus manifestaciones en todo el país a la espera de una reunión con la propia fiscal general para exigirle que renuncie. Fue precisamente el MP el que accedió a mantener un encuentro, después de que así lo solicitara e presidente del país, si bien aún no se ponen de acuerdo del lugar y el formato para celebrarlo.

A su vez, el presidente electo, Bernardo Arévalo, mueve ficha y anuncia que se reunirá con sectores sociales, económicos y políticos para encontrar una ruta que evite la violencia en un contexto en el que «Porras y sus golpistas siguen atentando en contra del proceso electoral».