Irati no va a dar su nombre real. Sus amigos, su gente, sus compañeros de trabajo aún no saben que su marido está en la cárcel desde hace un año. Saben que está casada con un senegalés, pero no que Extranjería pretende expulsarle pasa siempre del país.

«No quiero que me juzguen más. A muchos se lo he contado y no me creen cuando les digo que mi marido tiene una condena de cuatro años de cárcel por 27 gramos de marihuana y otro de cocaína. Fue en el Rototom, un festival de reagge, en 2019. ¿Tú te lo creerías? Me preguntan: ‘¿Seguro que no tiene algo más?’. Y no, no lo tiene. Es negro, eso es lo que pasa», explica.

El sábado 21, en la Plaza de los Ajos, se manifiesta la comunidad de origen africano de Iruñea. El recuerdo de la muerte a manos de la policía española de Elhadji Ndiaye tras su detención en Arrotxapea les reúne cada año. Van siete. 

«En Europa hay una ley para los blancos y otra para nosotros, los negros. Elhadji iba a trabajar, buscaba una pieza porque es mecánico. Trabajaba en el desguace de la Cabaña. Le pararon dos policías de paisano. Hubo un forcejeo, le dieron las hostias que vio todo el mundo.  Ahí está el vídeo. Acabó muerto en la comisaría de Chinchilla», recuerda Beltza, portavoz de Africa United.

El recuerdo del joven senegalés muerto, que despertó el Black Lives Matters en Iruñea, se enlaza ahora con la del marido de Irati, preso en la cárcel de Iruñea y sobre el que pesa una orden de expulsión.

«Todo es parte de lo mismo. Luchamos contra el racismo institucional, que deja víctimas un día y otro día y otro día. Los blancos quieren que los negros seamos robots perfectos. Ellos pueden hacer cosas, fumar marihuana, si quieren. Una multa y aquí no pasa nada. No hace mucho, pillaron en Irun un montón de kilos de marihuana y le cayeron solo unos meses. A un negro que fuma en un festival de reagge hay que meterle cuatro años y una orden de expulsión. No se nos tolera ninguna imperfección. Si los negros no son robots, sobran», sostiene Beltza.

El marido de Irati tiene 38 años. Alcanzo las costas de Almería hace 17 años y lleva casado cuatro. Desde 2006, cuando se bajó de la patera, ha viajado una única vez a Senegal. Tiene en Nafarroa a su mujer, su casa, un contrato fijo y la vida que se ha construido tras jugarse la vida en el mar y empezar desde cero, apenas con la ropa que traía puesta. Pero Extranjería no le reconoce el arraigo. Y la orden de expulsión se articula automáticamente cuando la pena de cárcel supera el año.

En Nafarroa está mujer, su casa, un contrato fijo y la vida que se construyó tras jugarse la vida en el mar y empezar de cero

«Cuatro años, seis meses y un día. ¡Por la cara!, ¡Para mí hubiera sido una multa!», se indigna Irati, que sostiene –además– que las sustancias estupefacientes no eran de su marido y que, justo por eso, no corrió cuando llegó la Guardia Civil.

La esposa, que aún no se atreve a dar la cara, sabe que si la orden de expulsión finalmente se ejecuta, adiós. O ella se marcha para Senegal o su historia se acabó. «Le digo: ‘Amor’, tú y yo nos vamos a Senegal, pero de vacaciones con tu familia, ya verás. Pienso pelearlo todo. Estrasburgo tarda, pero si hace falta, iré».

Beltza baja la mirada cuando se le pregunta qué posibilidades habría, después de una orden de expulsión, de regresar a Nafarroa. «Ya está. La expulsión es el fin . Se supone que, después de cinco años, tienes derecho a volver a pedir un visado, pero no tienen por qué dártelo», reconoce el representante de Africa United.

¿Y qué importa cómo llegó?

Unas leyes para negros y otras para blancos, a eso vuelve una y otra vez la conversación. «¿A quién le importa ya cómo llegó mi marido hasta aquí en el año 2006, a qué playa? ¿Por qué sigue siendo distinto según sea patera o avión? Se marchó con 20 años y, aunque no tuviera papeles hasta casarse conmigo, lógicamente tiene más arraigo aquí que allá», se pregunta la esposa.

Perdida la fe en la justicia, la previsión de Irati es que la orden de expulsión se active en cuanto recupere la libertad

Irati denuncia irregularidades en el proceso judicial y problemas con el abogado de oficio que le designaron en Castellón. Relata momentos de gran indefensión, como en el primer juicio. Tuvo lugar durante la pandemia, por lo que su debía ser juzgado sin público. Su castellano no era suficiente para defenderse, por lo que el juez le propuso un intérprete de francés o de árabe, idiomas que el acusado tampoco domina. Su idioma nativo es el wólof. «Al final, aceptaron que entrara yo al tribunal para ayudarle a responder. En ocasiones se expresa de forma incorrecta, pero yo le entiendo».

Perdida la fe en la justicia estatal, la previsión de Irati es que la orden de expulsión se active en cuanto recupere la libertad. De ahí a un centro de internamiento para que después le metan a la fuerza en el avión de regreso. A menos que se haga presión suficiente.