Unas 17.000 personas de Gaza tenían permiso de trabajo en Israel, pero las autoridades de este país se lo revocaron tras estallar el conflicto el 7 de octubre. Desde entonces, varios miles se vieron desplazadas a la Cisjordania ocupada y muchos han sido detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes.

Actualmente «están arrestados en lugares indeterminados, con poca información sobre su condición, en una situación jurídica poco clara y sin ningún recurso legal disponible», han remarcado en un comunicado los grupos Adalah (Centro legal para los derechos de la minoría árabe en Israel), Médicos por los Derechos Humanos (Manos Unidas), Hamoked (provee ayuda legal a los palestinos y fue fundada por la superviviente del Holocausto Lotte Salzberger),  y el Comité Público contra la Tortura en Israel.

«Han sido recluidos sin ningún contacto con el mundo exterior ni representación legal, sin orden judicial, sin límites de tiempo y sin un estatus legal claro», añaden estas organizaciones.

Ante ello, instan al Gobierno de Israel a «proveer información sobre el paradero de todos los detenidos y prisioneros, en virtud de sus obligaciones legales», al tiempo que denuncian la aplicación de «medidas arbitrarias y punitivas hacia todos los palestinos».

De acuerdo con la prensa local, estos miles de gazatíes estarían recluidos entre la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada, y diferentes bases militares.