Se esperaba que fuera pronto pero no tanto. Este martes muy temprano por la mañana, el PSOE y Sumar sorprendieron con la noticia de que habían alcanzado el acuerdo sobre el programa de gobierno para un eventual nuevo ejecutivo de coalición. En los últimos dos días algunas filtraciones en la prensa daban a entender que se estaba cerca de lograrlo. El objetivo fijado era antes del 31 de octubre y ha sido una semana antes.

En uno de los salones del Museo Nacional Reina Sofía ubicado en la zona madrileña de Atocha, el presidente y la vicepresidenta en funciones han firmado antes los medios -con casi una hora de retraso respecto a la convocatoria- el documento de 48 páginas que marca la hoja de ruta, luego de tres meses de negociación entre ambas formaciones.

El lema que aparecía en el atril y en las pantallas del salón era ‘España avanza, una nueva coalición de gobierno progresista’ y el líder del PSOE no ha ocultado su optimismo al respecto: «Al gobierno de coalición no le daban dos días, y ya lleva cinco años y gobernaremos cuatro años más».

«Son muchas las ilusiones y las energías. Este es un día muy importante para las izquierdas, contamos con los equipos y las ideas y tenemos la experiencia de cooperar. Habiendo hecho las cosas muy bien en situaciones muy complejos, lo haremos aún mejor. Puedo garantizar que España no se va a detener ante nada ni ante nadie», ha enfatizado Sánchez.

Antes de destacar los siete ejes que en su opinión son centrales del acuerdo, Sánchez ha afirmado que «es relevante recordar de dónde venimos» y que el Estado español «cambió su rumbo y retomó la senda del progreso» en 2018 tras años de «receta fallida del neoliberalismo para la crisis, recortes en el Estado de Bienestar y corrupción sistémica».

Sánchez sobre PP-Vox: «La clase media y los trabajadores lo saben, hemos comprobado que en semanas se destruye lo que se tarda muchos años en construir»

También ha reivindicado la «regeneración democrática» impulsada por la coalición saliente, una regeneración «que no es lo que se vio en el Senado la semana pasada, un partido utilizando las instituciones para actos partidarios». Y ha pedido ser conscientes de lo que implicaría un gobierno PP-Vox: «La clase media y los trabajadores lo saben, hemos comprobado que lo que se tarda muchos años en construir en semanas se destruye. Un ejemplo es la ley Mordaza y lo que cuesta volver a consensos».

Al enumerar los puntos destacados del documento (que tiene 11 capítulos), ha empezado por recalcar que esta será la legislatura en la que se intente «avanzar como nunca hacia el pleno empleo. Y para eso hay que modernizar el tejido productivo y el sistema formativo», ha dicho, haciendo hincapié en los jóvenes y en los que «sufren paro de larga duración».

Asimismo, ha anunciado que se impulsará el 20% de parques públicos de vivienda, recordando que es «un derecho constitucional», y ha hecho énfasis en «trabajar para consolidar un país diverso con ciudadanos de iguales derechos, disminuir la diferencia entre provincias». No ha sido concreto sobre la caja de Pandora que representa la financiación autonómica, sobre la que solo ha apuntado: «A ver si somos capaces de un nuevo modelo de financiación».

Lo ha precedido Díaz, con un discurso más detallado sobre lo firmado, y paradójicamente Sánchez no ha hecho referencia ni mencionado la reducción de la jornada laboral ni el aumento del Salario Mínimo Interprofesional.

Sobre la situación en Medio Oriente, en la que ambos partidos tienen diferencias, el presidente en funciones se limita a decir que apuesta a poner «en marcha un proceso de paz justo entre Israel y Palestina».

«Nueva ola de derechos laborales»

Visiblemente contenta, la vicepresidenta en funciones ha comenzado diciendo que este martes se trataba «de un día grande» en el que se firmaba «un acuerdo que sirve para servir a las gentes de nuestro país» y que promueve la igualdad y por ello «la libertad, porque la libertad no es como dicen algunos, que es vivir en una jungla del sálvese quien pueda».

La primera medida que ha mencionado es el cambio de la Ley Mordaza, que a fines de la legislatura pasada su reforma fracasó por desacuerdo del PSOE con ERC y EH Bildu, para luego asegurar que «llegó la hora de conseguir una segunda ola de derechos laborales», impulsando un «nuevo estatuto del trabajo del siglo XXI, haciéndose de la mano del diálogo social».

«Trabajar menos para ganar tiempo de vida», ha señalado la líder de Sumar, en referencia a la reducción de la jornada laboral, una de sus principales promesas de campaña. Sumar quiere llegar a las 32 horas semanales a largo plazo pero el acuerdo solo contempla las 37,5 sin reducción salarial, algo que el lider de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha criticado y a pocos minutos del anuncio ha considerado negativo y un «atropello».

Fuentes del equipo negociador dejaron trascender que este fue el escollo principal en las conversaciones con el PSOE y que incluso pasada la medianoche del lunes todavía no estaba pactado. Sobre la madrugada se desatascó. Las mismas fuentes creen que el cumplimiento de este punto será el más difícil de todo lo pactado pero aseguran que la voluntad es que los cambios sean a través de un anteproyecto de ley y no un real decreto.

La reducción de la jornada laboral ha sido el escollo principal y será lo más difícil de cumplir de todo lo pactado

Díaz ha citado una de las medidas sorpresa: la prohibición de los vuelos cortos que puedan ser sustituidos por menos de dos horas y media de viaje en tren, que ha calificado de «el transporte del siglo XXI». También ha anunciado que se duplicará el bono social eléctrico, ampliándolo hasta los tres millones de usuarios. Sobre vivienda ha dicho que se buscará hacer «efectiva la regulación» de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, algo que conlleva una posible superposición de competencias y que fuera de micrófono en Sumar admiten, y dicen que deberá buscarse la forma (cabe recordar que el PNV impulsa un recurso desde el Gobierno Vasco).

«No hay justicia fiscal si una gran multinacional tributa al 3,8%», ha afirmado Díaz como prólogo para anunciar que las empresas «pagarán impuestos sobre los ingresos reales, antes de los ejercicios de ingeniería fiscal» y que con ese cambio normativo se espera recaudar 10.000 millones de euros más. Sánchez tampoco ha hecho mención a esto.

Cuando se observa el documento se perciben dos cosas: la primera es que el PSOE ha logrado lo que buscaba desde el comienzo y que desde Sumar filtraban con disgusto, puesto que el texto es edulcorado y tiene muchas frases de voluntarismo. Lo segundo es que Díaz ha logrado colar, aunque sea cediendo, casi todas sus promesas de campaña, incluso las que más conflicto con las patronales generarán, como el endurecimiento del despido y la reducción de la jornada laboral.

Para la investidura hace falta el apoyo como mínimo de cuatro partidos políticos más (ERC, Junts, EH Bildu y BNG) por lo que es de esperar que no todos los puntos vayan a cumplirse. Fuentes del Gobierno dejaban trascender tras el acto de la firma que el optimismo es creciente, que no se quiere hablar de fecha porque Junts ha pedido que así sea y que se espera que Armengol cite al pleno de investidura entre la segunda y la tercera semana de noviembre.