La posibilidad de que el impuesto a los beneficios de la banca y las energéticas se haga permanente, esbozada en el acuerdo suscrito para renovar el gobierno de coalición por PSOE y Sumar, ha recrudecido las críticas de algunas de estas empresas. Y precisamente en una semana en que están presentando sus resultados de los nueve primeros meses de 2023, con lo que se acreditan los grandes beneficios de algunas como Kutxabank o Iberdrola, dos de las que presentaron a inicios de año recursos contra ese impuesto ante la Audiencia Nacional.

A la cabeza de esta ofensiva se ha situado este jueves el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que ha advertido de que la compañía, «antes de tomar cualquier decisión de inversión en España», analizará si las condiciones son «estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos», y ha asegurado que si no es así, se cuenta con «otras alternativas».

En un conferencia con analistas para presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, Imaz ha afirmado que el actual impuesto extraordinario que existe con carácter temporal –que grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera del Estado español y extra peninsulares–, «es ilegal, es inconstitucional y es discriminatorio».

Repsol ha pagado este año 450 millones por este impuesto y ha declarado 2.758 en beneficios. En cuanto a Imaz, ganó el año pasado 4,13

Repsol ha pagado este año 450 millones de euros por este impuesto (un alto porcentaje del total obtenido, que el Gobierno español cifra en casi 3.000 millones entre energéticas y bancos). Pero eso no deja de ser una parte menor respecto a los beneficios de la compañía en el mismo periodo: 2.758 millones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda al respecto que banca y energéticas siguen «presentando cuentas de resultados muy abultadas» a pesar de estos nuevos tributos –«hemos acertado en el sector», ha dicho– y se muestra confiada en que Hacienda ganará los «recursos interesados» que se han presentado contra ellos. 

Por otro lado, no parece que al que fuera presidente del PNV y consejero de Industria de Lakua le vaya mal tras cruzar la puerta giratoria hacia el sector energético. En 2022 ganó 4,13 millones de euros como CEO de Repsol. De esa cantidad, 1,2 millones de euros corresponderían a su retribución fija; 1,33 millones a la remuneración variable a corto plazo; 970.000 euros a la variable a largo plazo; 177.000 por su pertenencia al Consejo de Administración; y 282.000 por otros conceptos.

Las pegas del PNV

Este impuesto tampoco agrada al PNV. Prioriza sus excelentes relaciones con estas empresas y bancos, ejemplificadas esta misma semana con la recepción de Iñigo Urkullu al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Y su voz se ha alzado a la misma vez que la de Imaz, aunque con otro tipo de argumentos que clonan lo que ya hizo ante la Ley de Vivienda, entonces en apoyo de los grandes propietarios: la supuesta invasión competencial.

Así, fuentes de Sabin Etxea han filtrado a Europa Press su disconformidad con hacer permanente ese impuesto, como reclama EH Bildu. Lo justifica en que no se trata de un tributo al uso, sino de «prestaciones patrimoniales no tributarias» y que ello «impide su concertación al Concierto Económico Vasco».

En plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que necesita del sí jelkide junto al de otros grupos, el PNV deja caer que «habrá que ver qué fórmula se utiliza para su prórroga y en qué se concreta».

Ya en la aprobación del impuesto en el Congreso, el PNV aseguró que compartía el fondo de la iniciativa, pero no el diseño y el procedimiento legislativo. Finalmente optó por abstenerse.