Dos fueron las caudas impulsadas contra los activistas que, en el marco de la jornada de bloqueo del 23 de julio de 2022, ocuparon diversas infraestructuras en Euskal Herria y Landas.

La vista celebrada en diciembre de 2022 en la localidad de Akize (Dax) dejó pendiente la cuestión de la indemnización solicitada por la compañía ferroviaria SNCF, que debía de tratarse el próximo 6 de noviembre, pero que ha quedado aplazada, según ha dado a conocer la asociación Bake Bidea.

En total una veintena de ciudadanos fueron imputados por participar en acciones desobedientes que, en los juicios celebrados en Baiona y Akize (Dax), defendieron como «necesarias y legítimas» ante la situación de «urgencia extrema» que afectaba a dos presos, Ion Kepa Parot y Jakes Esnal, con más de 32 años en prisión a sus espaldas.

Ambos fueron liberados meses después, lo que llevó a las defensas a sostener además «la eficacia» de esa acción movilizadora en los citados procesos.

El juicio celebrado en Baiona, relativo a las ocupación de la autopista A63 en la que tomaron parte once artesanos de la paz, dio lugar a una petición de multa simbólica (950 euros, sin obligación de pago para diez de los once activistas) a cargo de la Fiscalía.

En la sentencia posterior, conocida un mes más tarde, el Tribunal de Baiona optó por declarar culpables a los activistas, pero sin imponerles castigo alguno.

Multas simbólicas y elevada demanda económica de la SNCF

De esta forma el procedimiento judicial abierto en Baiona quedó cerrado. Sin embargo, en la primera de las causas, la relativa a la ocupación de las vías del tren en Bokale, las cosas no se resolvieron con la misma diligencia.

Ello pese a que el juicio se produjo con antelación. Efectivamente, la vista celebrada, el 15 de diciembre de 2022 en el Tribunal de Dax (Akize), en el que se juzgó a otros nueve artesanos, dejó pendiente la cuestión de las eventuales indemnizaciones a la SNCF por los daños causados.

El Tribunal de Dax impuso una multa de 800 euros a los encausados, exenta de pago.

La víspera del juicio los artesanos de la paz denunciaron que la compañía ferroviaria solicitaba una fuerte suma por indemnización: 168.000 euros.

En la vista se optó, por acuerdo de las partes, dirimir la cuestión más adelante, lo que abría las puertas a una negociación a la búsqueda de un acuerdo.

No se ha producido ese compromiso, y la resolución del caso se alarga, ya que la vista judicial, prevista inicialmente para este 6 de noviembre, ha quedado aplazada.

Según ha informado la asociación Bake Bidea la nueva fecha fijada para esa causa es el 5 de febrero de 2024.

Cabe recordar que otra causa ligada al proceso de resolución, la que afecta a Txetx Etxeberri y Béatrice Molle, ambos imputados por la acción destinada a poner fuera de uso armas de ETA que tuvo lugar en diciembre de 2016 en Luhuso, se ha visto también retrasada.

La Fiscalía barajó las fechas del 14 y 15 de noviembre para juzgar a Etxeberri y Molle, pero esa causa ha quedado finalmente aplazada y, de momento, sin fecha.