Stop Desahucios ha hecho balance de la campaña de mociones municipales en favor de la declaración de zonas tensionadas en función de la Ley de Vivienda estatal, con el objetivo de «poner límites a la especulación de los alquileres». La considera «un éxito». Como ha ido informando NAIZ, entre julio y el 31 de octubre esta propuesta ha sido aprobada en los plenos de Donostia, Bilbo y Gasteiz, en tres ayuntamientos de Gipuzkoa (Eibar, Errenteria, Irun, Lasarte-Oria, Hernani, Pasaia, Zumarraga, Andoain, Ordizia, Arrasate, Tolosa, Beasain y Astigarraga) y en cuatro de Bizkaia (Barakaldo, Portugalete, Getxo y Sestao). Ello supone un altísimo porcentaje de población de los tres herrialdes.

Detalla que en Gipuzkoa se han aprobado con los votos del PSE, EH Bildu y EP-IU, mientras que el PNV se ha abstenido en algunos ayuntamientos y ha votado a favor en Donostia, Hernani y Astigarraga.

En Bizkaia, ha salido adelante con los votos de PNV, PSE, EH Bildu y EP-IU, «gracias a que la junta de gobierno PNV-PSE de estas corporaciones ha incluido una enmienda de dos puntos al texto de nuestra moción, salvo en Basauri, donde inexplicablemente PNV-PSE han rechazado incluirla en el pleno de octubre, mientras que en Erandio irá presumiblemente al pleno de noviembre».

El PP ha votado en contra mayoritariamente en todas estas corporaciones municipales.

Stop Desahucios afirma que «esta oleada de solicitudes al Gobierno Vasco de los ayuntamientos más poblados de la CAV para que declare sus municipios zonas tensionadas, en base a la Ley de Vivienda Estatal y se pueda poner límites a la especulación de los alquileres, desautoriza, por una parte, el recurso del PNV ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias de la citada ley y, por otra, exige a la Consejeria de Vivienda que agilice los procedimientos para que los ayuntamientos puedan combatir la especulación en el mercado del alquiler».

Así las cosas, «la pelota esta en el tejado del Gobierno Vasco y de la Consejeria de Vivienda», estima Stop Desahucios: «Hay que aplicar la Ley de Vivienda con la limitacion de los alquileres y la prórroga de tres años de los contratos que vayan finalizando en los municipios tensionados, junto con la movilizacion real de las viviendas deshabitadas (existen 11.500 viviendas susceptibles de aplicárseles el canon por estar vacías), la limitación de los alojamientos turisticos y la oferta hotelera y el crecimiento del parque público para hacer frente a 78.500 inscritos en Etxebide. Para ello, es también necesario el aumento del 40% reservado a VPO en las nuevas construcciones, dedicándolas en exclusiva al alquiler social y no, como hasta ahora, que se dedica la mitad a viviendas de compra con precio tasado».

«Dramática realidad»

Junto a esta información y este posicionamiento, Stop Desahucios aporta algunos datos significativos de la «dramática realidad para la ciudadanía vasca con rentas medias y bajas», sobre la que subraya que «no puede acceder a una vivienda digna y asequible por la subida de alquileres, y tambien por la del Euribor que ha escalado hasta el 4’25%».

«En octubre, el alquiler medio en Donostia ha subido 8,1% en el último año y el metro cuadrado en 16,8 euros. En Bilbao, estas cifras han subido hasta un 4,7% y 13,73, respectivamente, mientras que en Gasteiz el alquiler medio sube un 5,6% y el metro cuadrado 11,73 euros. El Observatorio Vasco de la Vivienda, en un estudio reciente, señala que el 80% de los inscritos en Etxebide dedican más del 40% al pago del alquiler privado. Es decir, se cumplen uno o los dos requisitos del articulo 18 de la Ley de Vivienda, que ha impugnado el PNV, para declararlas zonas tensionadas».

«Otro estudio de Atlas Real Estate corrobora que Bilbao y su zona metropolitana se pueden considerar tensionados, al igual que la mitad de las viviendas existentes en Gipuzkoa y el 85% de las de Donostia», añade.

Para este movimiento, «la consecuencia de esta emergencia habitacional es el aumento de demandas de desahucio por impago de estos abusivos alquileres», si bien «gracias al real decreto del 28 de junio muchas de ellas de familias vulnerables están suspendidas hasta el 31 de diciembre».