El ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, anunció la semana pasada su intención de informar de manera detallada sobre las personas extranjeras expulsadas desde el Estado francés tras ser detenidas por cometer delitos.

Darmanin hacía el anuncio en vísperas de abrirse el debate en el Senado francés sobre una nueva legislación antiinmigración con la que, según explicitó el lunes, 6 de noviembre, aspira a «expulsar más y más rápidamente».

El ministro de Interior se jactó, además, de que el 70% de las demandas de asilo que se presentan en el Estado francés son denegadas.

La Prefectura de Pirineos Atlánticos ha remitido este 7 de noviembre un primer listado, integrado por 103 personas, de las cuales cuatro han sido expulsadas, indica en una nota, desde el Centro de Retención Administrativa (CRA) de Hendaia.

La ley francesa contempla ya la expulsión de personas de origen extranjero que cometen delitos, por lo que la nueva norma que, tras su voto en el Senado el 14 de noviembre, pasará a tramitarse en la Asamblea Nacional, no aportará grandes novedades.

Interior busca, eso sí, agilizar los trámites, entre críticas de la oposición de derecha de que no se cumplen en tiempo y forma las órdenes de expulsión.

La retención como lógica

Cosa distinta es el encaje jurídico de esa voluntad que podría, por extensión, limitar los derechos de personas detenidas, no ya por cometer un delito, sino por no contar con documentación legal, lo que es una falta administrativa.

En muchas ocasiones son esas personas las que, máxime en zonas de frontera, terminan «retenidas» durante meses en esos centros administrativos para extranjeros.

Se trata, por lo tanto, de cuestiones diferentes, pero que pueden llevar a situaciones graves, según destacan ya las organizaciones de apoyo a las personas migrantes, que alertan de que parte de las propuestas sobre las que debaten los senadores podrían ser inconstitucionales o atentar abiertamente con la legislación europea.

Una desde prisión

Según la nota de la Prefectura, las personas expulsadas la pasada semana desde el Centro de Retención de Hendaia tenían edades comprendidas entre los 27 y los 43 años de edad.

Una de esas personas fue expulsada tras ser derivada al CRA situado junto a la Comisaría de Policía, en Hendaia, tras su salida de prisión, donde cumplió 15 años de encierro.

En la nota no se hace constar que ninguna de las otras tres personas, a las que la Policía imputa, sin embargo, diversos delitos, algunos de ellos graves, fueran condenadas por un tribunal galo y cumplieran condena en el Estado francés por esos hechos.