El primer ministro de Portugal, António Costa, ha presentado este martes su dimisión después de que la Fiscalía le haya incluido en una investigación por presuntos delitos de prevaricación y corrupción vinculados al sector del litio y el hidrógeno verde, aunque asegura que no ha cometido ningún acto ilícito.

«Fui hoy sorprendido de que ya se ha instaurado contra mí una causa criminal, obviamente estoy totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que entienda necesario para apurar toda la verdad, sea de la materia que sea», ha dicho Costa antes de anunciar que había presentado su dimisión al presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que la ha aceptado.

«En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República», ha afirmado el hasta ahora jefe del Gobierno portugués en una intervención televisada, en la que señala que el cargo de primer ministro no es compatible con la «sospecha de la práctica de cualquier acto criminal».

Costa, del Partido Socialista, se ha mostrado «totalmente disponible» para colaborar con la Justicia, pero ha negado las acusaciones y ha subrayado que se marcha «con la conciencia muy tranquila».

«Quiero decir, y miro a los ojos a los portugueses, que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito o ni siquiera acto censurable», ha apuntado el político, quien, no obstante, considera que debe dimitir porque «la dignidad de funciones de primer ministro» no es compatible con ninguna sospecha.

Tras su renuncia, los próximos pasos a seguir serán decididos por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que tiene el poder de disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones si lo considera necesario.

El presidente ha convocado para este miércoles a los partidos políticos y para el jueves al Consejo de Estado.

Costa, que dio el salto a la jefatura del Gobierno en 2015 y deja al Partido Socialista con una mayoría absoluta en el Parlamento, no ha querido avanzar ni desmentir si será candidato en unas eventuales elecciones: «Lo último que haré será condicionar o pronunciarme públicamente sobre la decisión que el presidente tomará».

Investigaciones y registros

El Ministerio Público ha anunciado este martes en un comunicado que investigaba a Costa y a varios miembros de su Gabinete por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, por un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno.

La Fiscalía ha llevado a cabo el registro de «espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro» y ha apuntado que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por «desbloquear procedimientos».

La investigación, en la que se han llevado a cabo más de 40 registros, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.

La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad Start Campus y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.

También han sido declarados arguidos (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.