Ante la dificultad para detectar abusos sexuales a menores, el Parlamento de Gasteiz ha pedido nuevos protocolos en las administraciones, Osakidetza, centros educativos, Ertzaintza e incluso en el ámbito judicial con la creación de juzgados específicos.

También la Cámara reivindica que se estudie la posibilidad de implantar la justicia restaurativa y, por ejemplo, solicita medidas específicas de reparación de las víctimas de la Iglesia, como el reconocimiento del daño ocasionado y «en su caso, la puesta en marcha de medidas indemnizatorias» y la posibilidad de que en casos prescritos se habiliten procesos para reparar el daño causado a las víctimas.

Estas propuestas están recogidas en las recomendaciones del informe de la ponencia que se ha trabajado en el Parlamento de Gasteiz para estudiar medidas para la prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales a menores, que ha sido aprobado en comisión parlamentaria por PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin Podemos-IU y PP.

El informe se elevará al pleno de la Cámara para su aprobación, previsiblemente en la sesión del 23 de noviembre, según fuentes parlamentarias.

La ponencia comenzó su actividad la pasada legislatura, pero no concluyó sus trabajos por la disolución de la Cámara debido a las convocatoria de las elecciones en la CAV y se retomó a finales de 2020. Por ella han pasado víctimas de abusos sexuales cuando eran menores y expertos en la materia.

La dificultad de denunciar la violencia sexual

Precisamente una de las denuncias que han puesto las víctimas sobre la mesa es la dificultad que han tenido muchas de ellas en poder identificar y posteriormente denunciar aquella violencia que han sufrido.

El informe ofrece algunos datos de distintas fuentes. La mayoría de los estudios desvelan que entre un 10% y un 20% de la población del Estado ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Alrededor de un 44% se producen entre los 13 y los 16 años, aunque la edad media en la que los niños comienzan a padecerla es muy temprana, a los 11,5 años.

En el 79% de los casos, las víctimas son niñas y el perfil de abusador es mayoritariamente masculino.

Alrededor del 84% de los autores de abusos son conocidos por las víctimas y entre los espacios más comunes en los que se cometen destaca el entorno familiar.

En el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, según el informe, únicamente el 10% de los casos denunciados llegan a juicio oral. Es decir, el 90% se quedan en la fase de instrucción y suponen, por tanto, que quedan sobreseídos, normalmente por falta de pruebas.

Las víctimas, obligadas a revivir los abusos

El texto aprobado constata que los procedimientos judiciales no están adaptados a la infancia, ya que los niños de media tienen que declarar lo que les ha ocurrido cuatro veces ante cuatro profesionales distintos, lo que les expone a revivir el abuso y perjudica la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones.

Únicamente en un 22% de las sentencias estudiadas de los años 2019 y 2020 se había grabado previamente el testimonio de la víctima para evitar tener que acudir en persona al juicio, asegura el texto.

Por todo ello, el Parlamento ve necesario la actualización de todos los protocolos para detectar y actuar ante la sospecha de abusos, porque «todavía hay muchas cuestiones que abordar y mejorar».

En sus recomendaciones, la Cámara advierte del «vacío institucional y social que ha rodeado esta violencia», que ha acarreado un «silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación» y pide que el Parlamento recuerde anualmente el 19 de noviembre, Día Internacional para la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil, mediante declaraciones y actividades que ayuden a la visibilización de esta violencia.

Pide un registro de víctimas

Recomienda establecer un sistema público de acceso universal para un tratamiento terapéutico debidamente especializado que atienda a niños y personas adultas que fueron víctimas en la infancia y la adolescencia.

Asimismo, solicita que se habilite un registro específico sobre víctimas de abuso sexual en la infancia.

La Cámara pide que se promueva la creación de escuelas de parentalidad positiva para padres, madres y tutores como espacios que permitan generar zonas de confianza para la identificación de estas cuestiones, así como campañas de concienciación social y en medios de comunicación «fuera de estigmatizaciones y amarillismo».

En cuanto a los protocolos, en el ámbito educativo apuesta por una formación adecuada tanto del profesorado como de las Ampas, también en los espacios de tiempo libre y deporte.

«Hay que reforzar la credibilidad de los informes que se realicen por personal docente, sanitario, de atención psicológica, del trabajo social, ante jueces y tribunales, como prueba de convicción, ante la dificultad de recabar testimonios directos de las víctimas», señala.

También ve necesaria la actualización de los actuales protocolos y documentos con los que cuenta Osakidetza y propone que los abusos sexuales a menores se recojan en la historia clínica si así lo desea la víctima para poder dar una atención sanitaria integral.

Juzgados específicos

En la justicia, el informe recuerda que en muchos juzgados no existen espacios amigables para que la infancia pueda prestar su testimonio de forma adecuada y pide estudiar la creación provisional de juzgados de Instrucción en cada una de las capitales que actúen como juzgados de guardia para atender estos casos.

Asimismo, aboga por impulsar la creación de estructuras judiciales y fiscales especializadas en violencia contra la infancia.

El Parlamento de Gasteiz recomienda también que se estudie la necesidad de poder contar con una normativa que regule la posibilidad de solicitar bajas laborales en aquellos periodos en los que las víctimas de abusos sexuales en la infancia y la adolescencia puedan encontrarse con dificultades de asistencia a sus puestos de trabajo.