Solidaridad, el sindicato de Vox, ha convocado una huelga general para el próximo 24 de noviembre en contra de la Ley de Amnistía. La iniciativa cuenta con el respaldo del líder ultraderechista Santiago Abascal, que la considera «absolutamente necesaria y pertinente».

Según ha explicado en una rueda de prensa, los acuerdos suscritos por el PSOE con otras formaciones políticas para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español suponen «un ataque brutal a los derechos de los trabajadores».

El PP, por su parte, ha marcado distancias con la convocatoria, alegando «las huelgas generales las convocan las organizaciones sindicales, no los partidos». Así lo ha manifestado el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, quien ha abogado por escuchar a los distintos sindicatos y la patronal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido cautela, porque, a su juicio, hay «muchos ciudadanos que no se pueden permitir estas huelgas, que tienen daños colaterales».

«Yo soy partidaria de trabajar constantemente para intentar revertir una situación en la que nos está metiendo el presidente del Gobierno a España entera, pero hay que ser cautelosos con las decisiones que se toman», ha señalado en respuesta a las preguntas de los periodistas.

150 de 250.000 delegados

Conviene recordar que UGT y CCOO se han manifestado a favor de la amnistía, y la CEOE celebra este lunes un comité extraordinario para abordar la situación tras el acuerdo entre el PSOE y Junts.

Además, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha cuestionado la legitimidad de Solidaridad para convocar una huelga general dada la baja representatividad con la que cuenta en el ámbito laboral.

«No lo encontramos en ningún sitio, no negocia ningún convenio en toda España, pero he entrado en su web para comprobar las razones de la huelga y creo que hablan de que tienen unos 150 delegados sobre un total de 250.000 electos en España», ha declarado.

Requisitos de una huelga

Expertos y abogados laboralistas consultados por Efe discrepan de la legalidad de la huelga convocada por Solidaridad, ya que la ley sobre relaciones del trabajo señala que una huelga es ilegal «cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados».

El jurista experto en Derecho Laboral Robert Gutiérrez cree que el enfoque de la convocatoria es básicamente político, si bien se esgrime algún aspecto laboral, por lo que no se ajusta.

«Si bien una huelga puede tener una finalidad política además de una finalidad laboral, dicha finalidad laboral debe ser predominante. La finalidad de la huelga debe ser fundamentalmente de defensa de los derechos de los trabajadores, y en mi opinión, este requisito no parece cumplirse», ha explicado.

La responsable del área de Derecho Laboral del despacho Vento, Catarina Capeáns, también tiene dudas sobre si esta huelga se ajustaría a derecho al no recoger ninguna reclamación concreta de derechos o condiciones laborales y tener fundamentalmente un carácter político.

«Desde nuestro punto de vista la convocatoria apenas recoge ninguna demanda laboral ni especifica los derechos laborales que considera recortados o suprimidos. No parece suficiente para que tenga la calificación de huelga mixta», ha apuntado.

Otro de los requisitos para convocar una huelga es cumplir con el plazo mínimo de preaviso al Ministerio de Trabajo que, según la misma ley sobre relaciones de trabajo, está fijado en 10 días naturales cuando afecta a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos.

Aunque no requiere de autorización previa, sí que puede haber, explican fuentes jurídicas, un control judicial a posteriori, que correspondería a la Audiencia Nacional, si se presenta una demanda solicitando la declaración de huelga ilegal al considerar que es política.