La sucesión de acontecimientos se acelera. El PP echó el resto el domingo con su gran movilización para frenar lo que ya era inevitable, ayer el PSOE registró el proyecto de ley de Amnistía en el Congreso, y mañana arranca la investidura de Pedro Sánchez, tras anunciarlo Cristina Armengol. El mismo jueves, muy probablemente, el presidente del Estado español obtendrá la reválida para cuatro años, después de haberse trabajado –a lo largo de los 113 días que han transcurrido desde las elecciones de julio– el apoyo de todos los partidos con representación en el Congreso salvo tres: PP, Vox y UPN.

Antes de su registro formal, el contenido de la ley se filtró a los medios que enseguida pusieron nombres a los principales beneficiados por la amnistía para el Procés, que abarca desde el 1 de enero 2012 hasta ayer mismo, 13 de noviembre de 2023.

Lo focalizan en Carles Puigdemont y los líderes políticos, pero, en principio, afectaría a cerca de 400 personas. El cálculo más preciso lo ofrece “La Vanguardia”, que detalla que hay 309 independentistas con causas, a los que hay que sumar 73 policías con procesos judiciales por la brutal represión en las movilizaciones. Ahora bien, la última palabra la tendrán los juzgados.

No hay mención, ni en el extenso preámbulo ni en el articulado de la proposición, al término «lawfare», cuya inclusión en el acuerdo firmado por PSOE y Junts enfadó a las asociaciones de jueces, incluida a la progresista. Además, el texto ley menciona reiteradamente a la Constitución, recordando que la Carta Magna da cabida a amnistías como la que se pretende.

El primer artículo de la propuesta ­­–que consta de un total de 16– establece que quedarán exonerados «actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023».

Las acciones amnistiadas son aquellas que tuvieron como objeto «reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos». Tal consideración, en principio, englobaría a todas la causas abiertas hoy día en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Los derechos humanos, el límite

En su artículo 2, la ley fija sus propios límites. De aprobarse su actual redacción tras el debate parlamentario, quedarán fuera «los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad; los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, siempre que superen un umbral mínimo de gravedad; y los actos tipificados como delitos de terrorismo (...) siempre y cuando haya recaído sentencia firme y hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 3 de la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017; los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal».

Serán los tribunales los que determinarán el alcance de la ley, causa por causa. «La aplicación de la amnistía en cada caso corresponderá a los órganos judiciales, administrativos o contables determinados en la presente ley, quienes adoptarán, con carácter preferente y urgente, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate».

La norma se aplicará tanto a los procesos judiciales que siguen vivos, los que estén por iniciarse, y a aquellos que ya fueron resueltos. La revisión de lo ya juzgado, tendría como consecuencia directa la rehabilitación para la política de figuras como Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados, pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.

También afectaría a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados por desórdenes públicos tras la reforma, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn, condenados por desobediencia una vez aplicado el nuevo Código Penal, aunque en sus casos ya se extinguieron sus penas de inhabilitación y fueron indultadas sus penas de prisión.
Respecto a los políticos soberanistas que se exiliaron, la amnistía beneficiaría al president en el exilio y líder de Junts Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que pesa una orden de detención.

El texto, a su vez, tendría impacto en el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, refugiada en Suiza, y a la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí.

Mayoría y oposición

Uno de los elementos más llamativos de la ley es que no viene firmada por los partidos que se han comprometido a respaldar a Sánchez en la votación de investidura prevista para este jueves, y cuyo apoyo es necesario para que la ley de amnistía prospere.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ofreció explicaciones en el Congreso y confió en que «concitará una amplía mayoría parlamentaria». Concretó que este apoyo será de 178 votos (uno menos que los que prevé Sánchez, lo que coincide con la posición anunciada por Coalición Canaria).

La intención del PSOE es que la ley se tramite por el procedimiento de urgencia. No obstante, se da por seguro la mayoría que posee el PP en el Senado. De ahí que Bolaños no se aventurara a predecir la fecha de su aprobación.

A preguntas de los medios, el ministro se negó a dar nombres de personas que se verán beneficiadas. Asimismo, dio por hecho de que la norma será llevada ante los tribunales por otras formaciones y que los jueces estudiarán la ley y, según confió, la validarán.

Bolaños aseguró que la ley es un «gran paso para la convivencia» en el país, por lo que la comparó incluso con los avances LGTBI, pues asegura que incorpora a la legalidad a una gran cantidad de personas que se sentían fuera de la ley. «Esta es una ley imprescindible para tener una vida política normalizada», por lo que confió en que sus detractores, «con el tiempo, se darán cuenta de que se equivocaban».