El pasado marzo se celebró en el cementerio donostiarra de Polloe un acto de homenaje a los combatientes republicanos inhumados en el mausoleo franquista erigido en el lugar durante la dictadura.

En esta tumba Aranzadi identificó los restos de 17 milicianos, que fueron enterrados junto a otras personas fallecidas pertenecientes al bando de sus verdugos, como si se tratara de un pequeño ‘Valle de los Caídos’ local.

Ese día se instaló junto al mausoleo un panel con sus nombres y apellidos, y una réplica a menor escala de la escultura ‘Duintasuna’, obra de Iñigo Arregui y cuyo original preside el Columbario de la Dignidad ubicado en el cementerio Olaso de Elgoibar.

Casi un año antes, en mayo de 2022, el Ayuntamiento de Donostia –propietario del mausoleo, que fue costeado con dinero municipal durante el franquismo– procedió a la retirada de la placa, dedicada «A la memoria de los asesinados por defender sus ideales, de Dios y España».

Pero se mantuvo la cruz, por lo que este lunes se ha debatido en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento de Gasteiz una propuesta de Elkarrekin Podemos para «proceder a la retirada de la cruz ubicada sobre el panteón por tratarse en este caso de un símbolo de enaltecimiento de los golpistas».

«Enaltecer el régimen»

En nombre de la coalición morada, Jon Hernández, secretario general del Partido Comunista de Euskadi-EPK, ha remarcado que el panteón era un símbolo «contrario a la memoria y a la dignidad de nuestro pueblo», y que si bien la retirada de la placa franquista y la colocación de los nombres y la escultura son pasos en la buena dirección, «el trabajo no estará completo mientras no desaparezca esa cruz».

Como proponente, le tocaba hablar el primero, pero ya ha augurado que «se va a discutir si la cruz es franquista o no. En este caso sí, el nacionalcatolicismo utilizaba elementos religiosos para enaltecer el régimen». Pero aún en el caso de que no lo fuera, se ha preguntado por qué los militantes comunistas, anarquistas o sindicalistas ahí enterrados contra su voluntad han de permanecer bajo ese elemento.

La moción también recogía la solicitud de  «estudiar la posibilidad de exhumación de los restos de los milicianos y establecer la posibilidad de que sean inhumados en otro lugar y no junto a sus ‘verdugos’», aunque Hernández ha expuesto que en sus conversaciones con Aranzadi le han dejado claro que los restos están totalmente mezclados y que resulta muy complicado individualizarlos.

Su propuesta solo ha encontrado el apoyo de Julen Arzuaga (EH Bildu), quien ha coincidido en el carácter franquista de esta cruz en particular y ha recordado que el Gobierno español de Pedro Sánchez renunció durante la pasada legislatura a derribar la cruz del Valle de los Caídos por motivos jurídicos y no ideológicos, ya que se encuentra dentro del término municipal de San Lorenzo del Escorial, declarado en su integridad Bien de Interés Cultural (BIC) y desde 1984 protegido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Un obstáculo que no existe en Donostia.

Exhumación parcial

Arzuaga ha revelado que planteó a Aranzadi la posibilidad de extraer e identificar al menos parte de los restos, para entregarlos a las familias y que puedan enterrarlos en otro lugar, y que es una opción que permanece abierta.  
 
PNV y PSE han dejado claro que no quieren tocar las cruces. «Puede gustarnos más o menos, pero no es un símbolo franquista, es un símbolo cristiano que se encuentra en un cementerio propiedad del Ayuntamiento», ha sentenciado Miren Gallastegi, representante del PSE.

El jeltzale Iñigo Iturrate ha añadido que «muchos gudaris que dieron la vida también tenían ese símbolo como suyo», y ha tildado de «inoportuna» la presentación de esta propuesta porque abre «una guerra de cruces que no aporta nada».

Tanto Hernández como Arzuaga han expuesto que no se trata de hablar de cruces en general, sino de esa cruz en particular, pero los dos socios del Gobierno han respaldado su enmienda a la totalidad, que se limita a dejar en manos del Ayuntamiento de Donostia y del Instituto Gogora las decisiones en torno al mausoleo de Polloe.

Ha completado el quinteto de intervinientes el veterano Carmelo Barrio (PP-C´s), quien además de rechazar la «obsesión antirreligiosa» de quienes aspiraban a retirar la cruz, ha instado al Ejecutivo autonómico a «recordar y dignificar adecuadamente la memoria» de 156 vecinos de Donostia y otras localidades de Gipuzkoa que el 30 de julio de 1936, doce días después del alzamiento franquista, fueron «vilmente ejecutados» por el bando republicano. Su petición ha sido rechazada por el resto de representantes.