El Pleno del Parlamento de Gasteiz ha reclamado, por unanimidad, la creación de un registro con datos de menores de edad que hayan sido víctimas de abusos sexuales y de sus victimarios, así como la actualización de los protocolos para evitar esta forma de violencia y atender a quienes la sufren.

Esta demanda de la Cámara forma parte del informe de la ponencia del Parlamento que, a lo largo de los dos últimos años, ha analizado fórmulas para establecer medidas de prevención, verdad y reparación en los casos de abusos sexuales contra menores.

El texto de la ponencia constata la existencia de los abusos sexuales contra la infancia y reconoce «el vacío institucional y social que ha rodeado esta violencia». Además, subraya que «todo ello ha acarreado un silencio impuesto a las víctimas que ha agravado su situación».

Con el fin de combatir esta forma de violencia y mejorar la asistencia y reparación a quienes la padecen, el informe incluye una serie de recomendaciones. Entre ellas, crear «un registro con datos de víctimas y victimarios», en el que también se incluirían los datos de abusos «cometidos entre iguales».

Tras precisar que en la CAV no existe este tipo de fondo documental, el informe establece que «con la salvaguarda de la protección de datos y la confidencialidad sobre datos personales», un archivo de estas características «podría recoger datos anonimizados» referidos a cuestiones como el área de la que procede la notificación del abuso -sanitaria, escolar o familiar-, el tipo de abuso sexual notificado, el herrialde en el que se ha dado a conocer, así como el nivel de intervención que se haya realizado al respecto.

Actualizar protocolos

Por otra parte, se constata la necesidad de una «actualización y evaluación» de los actuales protocolos para evitar este tipo de abusos y asistir a quienes los padecen. El informe plantea que cada centro -tanto educativo como sanitario- pueda adecuar y trabajar su propio protocolo teniendo como base los protocolos base que se crean por parte de cada departamento.

En todo caso, el informe advierte de que se precisa una formación «específica y adecuada a la realidad» en los centros educativos para el conocimiento del protocolo tanto del profesorado, como del personal de apoyo y las asociaciones de madres y padres.

Asimismo, se pone de relieve que «es importante no olvidarse de los espacios de tiempo libre, deporte y cultural», sobre los que se indica que también tienen que contar con protocolos y pautas de trabajo «que erradiquen las posibles violencias y/o abusos».

El informe también pide la creación de una partida presupuestaria específica para el acompañamiento de las personas víctimas en los juicios.

Posiciones de los grupos

En el transcurso del debate, la parlamentaria del PNV Eva Juez ha reconocido que con la aprobación de este informe, «no finaliza» el trabajo para combatir este problema. «Tenemos que seguir trabajando, y así lo vamos a hacer, en la reparación de las víctimas», ha manifestado. Juez también ha subrayado la necesidad de dotar de «recursos y herramientas» a quienes «se dedican a hacer frente a estos abusos».

«No queremos ni un solo caso más, aunque sabemos que es difícil evitarlos. Las niñas y niños no mienten; y si nuestro objetivo es evitar estos casos de abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia, debemos escucharles y debemos estar atentos», ha añadido.

La parlamentaria de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha denunciado que los abusos sexuales a menores son «una realidad cruda, terrible, insoportable», a la que hay que hacer frente por «dolorosa» que sea.

Ha recordado la «alta incidencia» de esta forma de violencia, dato que los datos disponibles indican que un 23% de las niñas y un 15% de los niños del Estado español declara haber sufrido una agresión sexual; y el 60%, «que no recibió en el momento la ayuda que necesitaba».

Desde las filas del PSE, Gloria Sánchez ha subrayado que con la labor desarrollada por la ponencia que ha elaborado el informe, se pone encima de la mesa una realidad «nvisibilizada durante muchos años». «No se hablaba de ello, aunque el abuso sexual contra la infancia constituya una grave vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes», ha dicho.

Sánchez, que ha recordado que únicamente el 10% de los casos denunciados llegan a juicio oral, ha lamentado que en torno a este tema haya existido «un vacío institucional y social que no se debe producir nunca más».

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha explicado que su grupo permanecerá «especialmente vigilante» para que las administraciones cumplan con los «deberes» que impone este informe en materia de detección y prevención de esta forma de violencia.

Por parte del PP, Carmelo Barrio ha afirmado que el informe ahora aprobado aporta «un granito de arena» para el avanzar en la lucha contra unos comportamientos que tienen «una brutal presencia en diversos ámbitos de nuestra vida ciudadana».

Cuatrecasas, satisfecho

Juan Cuatrecasas, padre de la víctima del profesor del colegio Gaztelueta condenado por abusos sexuales, ha expresado su confianza en que el informe aprobado por el Parlamento contribuya a superar el «silencio» que en torno a este asunto han impuesto los «pederastas» y colectivos como los pertenecientes al sector «más rigorista» de la Iglesia.

Cuatrecasas, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, ha afirmado que trabajos como este informe o la investigación recientemente publicada por el Defensor del Pueblo son pasos importantes, dado que «venimos de la nada, porque no existía nada de atención a las víctimas de pederastia».

«Es un informe completo, aunque puede tener alguna carencia; pero que en su conjunto lo vemos como muy positivo», ha añadido.