En un mundo marcado por movimientos migratorios, el empadronamiento emerge como un factor crucial para la integración y el acceso a derechos fundamentales para aquellos que han dejado su lugar de origen en busca de nuevas oportunidades. Esta herramienta administrativa, aparentemente simple, se convierte en una barrera significativa para las personas migrantes que enfrentan innumerables dificultades al no poder registrar su residencia por diferentes razones.

Sin padrón se dificulta o directamente imposibilitan el acceso a la salud (tarjeta sanitaria, ambulatorio de referencia); el acceso a la educación básica de menores (asignación de centro escolar); el acceso a formaciones oficiales y cursos de Lanbide; el acceso a prestaciones sociales básicas; ejercer el derecho a voto; casarse o constituir una pareja de hecho: o la obtención del permiso de residencia tras tres años de arraigo, entre otras cuestiones.

Aprovechándose de la inacción de las instituciones públicas, que deberían de encargarse de garantizar este derecho a todas las personas que vivan en su territorio, se ha generado todo un negocio ilegal donde gente sin escrúpulos explota la necesidad de los migrantes cobrando por el empadronamiento.

Ante esta situación, unas 100 organizaciones sociales y sindicales se han unido para poner en marcha la campaña ‘¡Soy tu vecino/a, pero sin padrón no existo!’ con el fin de concienciar sobre este problema y presionar a las instituciones para que tomen cartas en el asunto. NAIZ ha hablado con algunas de estas asociaciones y con personas que viven en sus carnes este problema.

Tal y como recuerdan las activistas de Mujeres del Mundo Babel, Begoña Arco, Paqui Luque y Mariví Marañón, en 2019 las diferentes organizaciones consiguieron que el Ayuntamiento de Bilbo facilitase el empadronamiento a las personas sin hogar. Se estableció un mecanismo por el cual si una persona pasaba al menos tres meses como usuario de algún servicio social como un comedor o un albergue se realizaba el padrón a través de algún centro social.

Esta medida, aunque con algunas carencias, ha dado sus frutos. Sin embargo, hay otra realidad que afecta a muchas más personas que, aun disponiendo de un techo donde dormir, no pueden tener el padrón por razones diferentes: Trabajadoras de hogar en régimen de interinidad que no son empadronadas por la familia empleadora; personas que viven en una casa en la que algún miembro está percibiendo la RGI y temen que al empadronar a otra persona sus ingresos se vean reducidos; personas que viven en alquiler pero el propietario impide empadronar; o personas sin pasaporte en vigor.

Es aquí donde las asociaciones ponen ahora la alarma ante el negocio ilegal que se ha generado en torno al padrón y la vulnerabilidad e indefensión que sufren los migrantes.

Un negocio ilegal, pero generalizado

Said Ben Aouda, un rifeño que llegó a Euskal Herria en octubre de 2022, relata su vivencia: «Como tenía algo de dinero cuando llegué, pude alquilar una habitación por 250 euros al mes en una casa compartida con otras tres personas. Pero para que la casera me dejase empadronarme tuve que pagar otros 100 al mes. Te ves obligado a pagarlo, porque sin el padrón no puedes acceder a muchas cosas necesarias para iniciar un proyecto de vida digno».

Mucho más tiempo, algo más de 15 años, lleva Souradjou Alí en Bilbo y todavía sigue viviendo bajo esta amenaza. Salió de su país para estudiar Sociología en Cuba, y recaló en Euskal Herria para hacer un doctorado sobre los desafíos en la nueva era de las tecnologías. «Por aquellos tiempos no tenía problemas en ese aspecto, de alguna forma la Universidad gestionaba mi estancia aquí. Como estudiante no conocía la importancia del padrón, hasta que acabé mis estudios y fui a renovar mi estatus legal y me di cuenta que sin el padrón no podía optar a nada, ni tan siquiera ser atendido por Lanbide».

Alí ha vivido diferentes situaciones. «Hace unos 10 años, ya escuché que algunos caseros cobraban 50 euros por el padrón, ahora cobran 100, 150 o incluso 200 euros. Lo mismo ha pasado con el alquiler de habitaciones, que en algunos casos ya cuestan 450 euros. Yo ahora vivo en una habitación subarrendada y ahora mismo tengo padrón, pero en cualquier momento mi situación puede cambiar si alguien ofrece pagar más dinero por el alquiler y el padrón», relata.

«Es un negocio redondo para unos y un auténtico fracaso para la gente que lo necesita»

La situación ha llegado a tal punto que incluso existen grupos en redes sociales como Facebook donde se ofertan estos empadronamientos con total impunidad. Así lo ha denunciado Ben Aouda, quien asegura que hay gente con varias casas que se dedica a alquilar habitaciones y cobrar aparte por el empadronamiento. «Hay gente que vive en una casa y tiene el padrón en otra», añade.

Esta práctica, aparentemente generalizada, revela un entramado económico que se expande a expensas de los más vulnerables. «Es un negocio redondo para unos y un auténtico fracaso para la gente que lo necesita», señala Mustafá El Marrouti, de la asociación RIF Amazigh Euskal Herria.

Desde la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH-ELE), también han explicado a NAIZ la situación que viven muchas mujeres que están trabajando en régimen de interinidad. «Al estar viviendo donde trabajan, deberían estar empadronadas ahí, sin embargo, muchos empleadores no les dejan hacerlo y tienen que buscar alguna otra manera, ya que hasta para asignarte un médico de cabecera necesitas el padrón», señalan.

«Conocemos a una mujer que es diabética, y cuando va al médico a por insulina le dicen que vaya por urgencias, porque al no estar empadronada no le pueden recetar nada», dicen las compañeras de Mujeres del Mundo Babel.

Falta de voluntad política

Desde las asociaciones aseguran que las instituciones tienen constancia de lo que está pasando, pero no hay voluntad política para cambiar las cosas.

«La pobreza se enfrenta con voluntad política, sin voluntad no se resuelven los problemas. Pero las instituciones están dando una sensación de que no pasa absolutamente nada, hacen como si esto no existiese. Siempre tienen buenas palabras, pero luego no aplican soluciones. Hablan de pactos contra la pobreza, pero al realizarlos no han contado con la opinión de la gente que vive esta situación», señala Alí.

El Marrouti señala que las «instituciones tienen la responsabilidad de que toda la gente que esté residiendo en un municipio esté empadronada». Sin embargo, denuncia que la administración pública, además de no perseguir el negocio ilegal, pone muchas «trabas burocráticas» a la hora de empadronarse, y asegura que «debería haber más flexibilidad».

Las asociaciones quieren incidir en que las personas que carecen de padrón se encuentran en una situación extrema de vulnerabilidad económica y social dado que tienen muy dificultado el acceso a muchas prestaciones y servicios básicos, «coartando así las posibilidades de poder salir de dicha situación».

«¿Cómo podemos mantener delante de nuestras narices una miseria como esta? Estamos hablando de un mínimo vital»

«Es un mundo muy oscuro, en el que hay mucha gente perdida que está en una situación muy mala y además hay gente que se aprovecha de ellos y hace negocio con sus necesidades. Las instituciones tienen que actuar», subraya Ben Aouda. «Es horrible ver a tantos jóvenes que han venido con la intención de trabajar y tener una vida digna y que ante la falta de oportunidades se frustran», añade El Marrouti.

«¿Cómo podemos mantener delante de nuestras narices una miseria como esta? En esas condiciones es muy difícil levantar la cabeza y tener una vida digna. Estamos hablando de un mínimo vital, porque el padrón lo necesitas hasta para el trámite más básico», dice Marañón.

La campaña

Con la campaña ‘¡Soy tu vecino/a, pero sin padrón no existo!’ que han puesto en marcha las asociaciones se pretende, por un lado, dar a conocer y denunciar esta realidad, y por otro, abrir una línea de diálogo con las administraciones públicas para que tomen cartas en el asunto.

Ya han hablado con la mayoría de partidos políticos y han pedido a los ayuntamientos y a la asociación de municipios Eudel la puesta en marcha de un protocolo que garantice el empadronamiento de todas las personas que viven en el municipio y que no pueden hacerlo por los requisitos actualmente en vigor.

También en Gasteiz, el Observatorio de los Derechos Sociales de Araba (Descaraba) ha denunciado que la gestión del padrón genera «déficits» en los derechos sociales.

«La sociedad tenemos que concienciarnos de que todos y todas las que vivimos en Bilbo somos bilbainos, independientemente de dónde hayas nacido. Yo he nacido en Abaltzisketa pero ahora soy de Bilbao, porque vivo en Bilbo», concluye Begoña.