La Junta de Andalucía y el Gobierno español han puesto fin a dos años de enfrentamiento por Doñana alcanzando un acuerdo marco que permite blindar el espacio natural, garantizar su conservación y propiciar un desarrollo sostenible de los municipios de su área de influencia.

Para ello, todas las partes –administraciones, agentes económicos y sociales, ecologistas y agricultores– han cedido en distintos aspectos posibilitando un consenso casi generalizado y una valoración mayoritariamente positiva de dicho acuerdo.

El acuerdo escenificado entre el presidente andaluz, Juanma Moreno, y la vicepresidenta del Gobierno español, Teresa Ribera, supone dar carpetazo a una polémica que surgió en 2021 cuando la administración andaluza quiso solucionar el problema de unos agricultores de la zona mediante una iniciativa parlamentaria a la que se opuso Madrid, que preveía ampliar los terrenos de regadío en la Corona Norte.

El acuerdo alcanzado ahora supone la retirada definitiva de esa proposición de ley que defendían los agricultores de la zona, así como el PP, Vox y la Junta como solución a un «problema histórico» generado a algunos agricultores a los que el Plan de la Fresa de 2014 había dejado fuera de regularización y que tenía al Gobierno español y las organizaciones conservacionistas como principales detractores.

Inversión

El acuerdo contempla una inversión de 1.400 millones de euros para el marco 2023-2027, cofinanciados al 50% por el Gobierno español y la Junta. Es una apuesta por proyecto de territorio que, al tiempo que dinamiza e intensifica la transición ecológica, permite mejorar las condiciones sociales y económicas de la zona.

Y ello beneficiando a los catorce municipios del área de influencia del Espacio Natural Doñana, distribuidos en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva.

Ayudas a agricultores

Para eliminar las presiones a las que está sometido el espacio natural por la agricultura intensiva y contribuir a la recuperación de superficie destinada a la producción agraria, el acuerdo contempla las ayudas temporales, de 5 a 10 años de duración, para renaturalización, nuevas superficies de cultivos de secano y reconversión hacia producción ecológica.

Las más cuantiosas son las ayudas por renaturalización, que tienen como objetivo que se realicen las operaciones necesarias para revertir el uso de la explotación agrícola a forestal, que se deberá mantener al menos 30 años y se concederán por 10 años, por un importe anual de 10.000 euros por hectárea –7.000 por parte de Madrid, 2.000 de la Junta de Andalucía y 1.000 de la Diputación de Huelva–.

Por otro lado, se concederá una ayuda por hectárea para nuevas superficies agrarias dedicadas a cultivos de secano, durante un período de 5 años, por un máximo de 2.500 euros por hectárea, comprometiéndose los beneficiarios a mantener el nuevo cultivo en la superficie por periodo no inferior a 10 años.

En el caso de reconversión hacia nuevo modelos de producción ecológicos se remite a las ayudas concedidas en el ámbito de la PAC y se concederá un complemento adicional de 1.000 euros por hectárea por un máximo de 5 años.

Otras medidas

El acuerdo destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización o 23,5 millones al sector pesquero.

Además, se contempla la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana, por lo que ambas administraciones se comprometen a poner 30 millones para proyectos de energía renovable y eficiencia energética y de impulsar con 70 millones iniciativas y proyectos de los ayuntamientos del área de influencia de Doñana.

También se prevé destinar 32 millones a mejorar las condiciones de vida y de habitabilidad de los temporeros que cada año acuden a Huelva en época de recolección de los frutos rojos o crear la Marca Doñana como garantía de calidad y sostenibilidad para productos y servicios como el hotelero.

Fin a la degradación ambiental

En el protocolo firmado este lunes se integra el Marco de Actuaciones presentado por el Gobierno español en noviembre de 2022, que con una inversión de 356 millones busca recuperar el funcionamiento ecológico de este espacio emblemático y revertir la situación de degradación ambiental en la que se encuentra en la actualidad.

Este contempla actuaciones tan importantes como reconectar la marisma con el río Guadiamar, lo que permitirá recuperar su dinámica natural, perdida hace más de 50 años o la renaturalización de la finca Los Mimbrales y del arroyo del Partido, a lo que se destinarán 20,7 millones de euros; o iniciativas de mejora de la conectividad ecológica y actuaciones de conservación sobre especies amenazadas que cuentan con una inversión de más de 12 millones de euros.

El que las dos administraciones vayan de la mano puede facilitar las cosas en Europa, donde el Estado español tiene abierto un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que reclamaba actuaciones para acabar con la extracción de agua en Doñana. También avalará el compromiso por el espacio natural ante instituciones como Ramsar o Unesco.