El portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, señaló ayer que el lehendakari, Iñigo Urkullu, trasladó ayer a los miembros de su Consejo de Gobierno que aún queda «mucho trabajo» para «culminar» la actual legislatura.

Según Zupiria, Urkullu no comentó en la reunión lo ocurrido desde el viernes, cuando se filtró que el EBB ya no contaba con él para volver a optar a Ajuria Enea. Lo que sí dijo a sus consejeros es que quedan «meses de trabajo» y hay «tarea pendiente».

Esta tarea pendiente tiene dos caras. Por un lado, quedan proyectos de ley que aprobar en el Parlamento. Por otro, el pacto entre PNV y PSOE fijaba un plazo de tres meses para transferir las competencias de ferrocarriles de cercanías, homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros y acogida de inmigrantes.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, anunció que ya ha remitido al ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres Pérez, una carta en la que le solicita mantener una reunión para empezar a trabajar en el cumplimiento de los compromisos.

El antecedente de 2020

Estos discursos oficiales tienen antecedentes.

El 14 de enero de 2020, el entonces portavoz del Gobierno y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, afirmó ante la constitución entonces del Ejecutivo de Pedro Sánchez que «el lehendakari nos ha solicitado que abramos un canal de comunicación con las personas que ocupan los nuevos ministerios». E incidió en que «una de las cuestiones prioritarias es avanzar en el calendario y el plan de transferencias pendientes», para lo que se iba a poner en contacto con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

Dos semanas después, el 28 de enero de 2020, el mismo Josu Erkoreka aseguraba en la rueda de prensa habitual de los martes que «cualquier escenario de adelanto electoral puede ser objeto de especulación, pero no está sobre la mesa del Gobierno Vasco». El portavoz aseguró que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu estaba «volcado en cumplir todos y cada uno de los compromisos del programa de gobierno hasta el final de la legislatura.

Lakua acababa de sacar adelante a finales de diciembre de 2019 los presupuestos de la CAV para 2020 gracias a un acuerdo con Elkarrekin Podamos. El 7 de febrero, el portavoz morado, Lander Martínez, le preguntó al lehendakari por la aprobación de los proyectos de ley pendientes.

Iñigo Urkullu le respondió a su recién estrenado socio presupuestario que «si existe voluntad, contamos con muchas oportunidades para seguir acordando y aprobando leyes en este Parlamento». Recordó que quedaban 29 iniciativas pendientes e «invocó» al «interés social de los proyectos» para su aprobación mediante un «trabajo comprometido y conjunto».

Eso fue lo que el lehendakari oficializó un viernes y el lunes siguiente, apenas tres días después, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, anunció la disolución del Parlamento a partir del 11 de febrero y la convocatoria de elecciones para el 5 de abril de 2020. Dio cuatro razones: que por el «clima electoral» no se iban a poder aprobar leyes, ahorrar a la ciudadanía ocho meses de campaña permanente, alinear la gestión del nuevo Gobierno que saliera de esas elecciones con los ayuntamientos y diputaciones constituidos en junio y al Gobierno español recién puesto en marcha y tener un Gobierno antes del verano.

Aceleración de leyes

El Gobierno de Lakua tiene varios proyectos de ley pendientes de aprobación y ha acelerado la tramitación de varios. Mañana, jueves, el Parlamento aprobará los de Salud Pública y la de modificación de la ley de Patrimonio Cultural Vasco.

Para el 21 de diciembre está prevista la aprobación de otras cuatro, la Ley de Educación, la de Empleo, la de Subvenciones y la de Protección de Datos Personales. Y quedaría pendiente la de Transición Energética y Cambio Climático, para lo que podría buscarse una fecha a finales de diciembre o habilitar alguna semana de enero. Con los presupuestos aprobados el 22 de diciembre, la legislatura podría darse por finiquitada.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Transparencia que ya no da tiempo a que se apruebe en el Parlamento. Es la tercera vez que una ley de estas características se presenta sin posibilidad de que llegue a buen puerto, lo que para EH Bildu muestra «escaso interés por frenar prácticas irregulares».

La negociación de las transferencias puede seguir adelante aunque el Parlamento esté disuelto y ya en 2020 el proceso se echó a andar antes de que el PNV hubiera acabado su proceso interno, lo que ocurrirá el 20 de enero de 2024.