Según detalla el Colegio de Psicología en un documento al que ha tenido acceso Efe, la falta grave ha sido motivada por la «destrucción» de «datos» y «pruebas» y sancionada con una multa de 600 euros e incluye la «advertencia» de que una eventual «reiteración» podría ser considerada como «muy grave».

Igualmente, concreta que las tres faltas leves responden a la «ausencia de solidez y fundamentación objetiva» en la intervención judicial para la que fue requerida, así como a la carencia «de imparcialidad y rigurosidad» y a la «falta de actualización de su competencia profesional».

El texto también constata en la intervención de esta profesional una «ausencia de reconocimiento de los límites de su competencia y limitaciones de sus técnicas».

Los hechos se remontan a septiembre de 2021, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer requirió a la psicóloga forense un informe pericial sobre la «idoneidad» de la guarda y custodia compartida de una de las hijas de la pareja, de 16 años, en el que la profesional concluyó que debería ser la madre quien tendría que «estar conviviendo de forma continua con las hijas».

Una conclusión refutada expresamente en enero 2022 por el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer que, en la sentencia en la que finalmente atribuyó al padre la guardia y custodia de la chica, puso de relieve la «contradicción» entre las conclusiones de la psicóloga y el hecho de que la chica hubiera manifestado «sentirse bien y cómoda en la situación en la que se hallaba conviviendo en el domicilio familiar con su padre y con su hermana».

La adolescente también alegó «no sentir necesidad de la presencia y contacto continuo y permanente con la madre», una afirmación contrapuesta a lo recogido en el informe de la profesional sancionada y que llamó «poderosamente la atención»del juzgado.

Recurso ante la Audiencia provincial

La madre apeló esta decisión ante la Audiencia de Gipuzkoa, que volvió a dar la razón al padre en una nueva resolución donde también criticó la «metodología» seguida por la perito para alcanzar su conclusión.

A lo largo de esta disputa judicial el padre encargo un «contrainforme» a un perito psicólogo externo con la intención de rebatir las conclusiones alcanzadas por la forense ahora sancionada.

Sin embargo, este profesional no pudo disponer de los test psicológicos a los que ésta había sometido a varios miembros de la familia, ni a las grabaciones de las entrevistas que habían mantenido con ella al haber sido «destruidas» por la miembro del equipo psicosocial ahora sancionada.