El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincide con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en que el bloqueo para la renovación del CGPJ podría interpretarse como una muestra de lawfare, si bien considera que hay otros ejemplos «mucho más claros», como el caso de los jóvenes de Altsasu: «Si esos chavales hubieran sido de Cádiz, no habrían entrado en la cárcel».

Así se ha pronunciado en declaraciones en el Congreso al ser preguntado sobre la opinión del jefe del Ejecutivo español, quien ha achacado esta práctica al PP por tener «secuestrado» al órgano de gobierno de los jueces que acaba de cumplir cinco años con el mandato caducado.

A juicio de Rufián, el bloqueo en la renovación del CGPJ, del que culpa al PP, puede vincularse con el lawfare en el sentido de que se utiliza «una parte del Poder Judicial para intentar llevar a cabo campañas políticas».

Sin embargo, desde su punto de vista, «hay ejemplos mucho más claros» como el caso de los jóvenes de Altsasu, condenados a largas penas de prisión por una trifulca con dos guardias civiles fuera de servicio en el interior de un bar.

Sobre el verificador: «Cuando menos digamos, mejor»

A Rufián también se le ha preguntado sobre el verificador que fiscalizará las reuniones entre el PSOE y ERC para la resolución del conflicto político catalán, pero ha rehusado dar ningún nombre, apelando a la discreción. «Cuando menos digamos, mejor», ha respondido evitando también desvelar cuándo será el primer encuentro entre los dos partidos.

Respecto a la elección del diplomático salvadoreño Francisco Galindo para ejercer esa labor verificadora de los pactos entre el PSOE y Junts, Rufián se ha limitado a mostrar su respeto por las decisiones que adopten otras formaciones para la resolución del conflicto catalán.