Ilegalización del Movimiento Semilla, allanamiento a su sede y de a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), secuestro de las actas electorales, órdenes de captura contra afiliados de ese partido y peticiones de retirada de inmunidad contra el presidente y vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y contra cuatro magistrados del TSE.

Parecía que las arremetidas de la Fiscalía contra los resultados de los comicios del 25 de junio y el 20 de agosto no podían ir más allá hasta que el viernes trató de dar el golpe definitivo a la democracia de Guatemala pidiendo anular las elecciones.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, hizo su último intento desesperado para evitar que Arévalo se convierta en el nuevo mandatario. Para ello, presentó una investigación con supuestas «irregularidades» en el recuento de votos por parte del TSE, al que acusa de confabularse con Semilla para lograr su contundente victoria en la segunda vuelta frente a la derechista Sandra Torres. Curruchiche habló de la existencia de «actas tachadas, otras donde no hay firmas de la Junta Receptora de Votos y otras donde hay más votantes que papeletas».

La fiscal de la FECI Leonor Morales explicó que el principal argumento para pedir que se cancelen los comicios es que el formato para las actas número 4 o actas finales de cierre de escrutinios no fue aprobado por el Pleno de Magistrados del TSE, por lo que son «nulas de pleno derecho». Ello afectaría no solo a las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia, sino también a las votaciones al Congreso, a los ayuntamientos y al Parlamento Centroamericano.

La pelota está ahora en el TSE que debe decidir si anula o no las elecciones, si bien la presidenta del máximo organismo electoral, Blanca Alfaro, no tiene la mínima intención de responder a la solicitud de la Fiscalía. «Los resultados están validados, oficializados y son inalterables», remarcó, aunque dejó la puerta abierta a que se puedan anular los comicios si existe una sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad, última instancia judicial en el país.

La investigación del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, incluida también en la Lista Engel de EEUU, va más allá al señalar que hubo un supuesto fraude en las elecciones. Concretamente, apunta que se subieron al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares 1.453 actas antes de que concluyera la votación. La Fiscalía detalló que de forma «ilegal, personas dedicadas a la informática introdujeron datos al sistema que contenían supuestos votos», con el objetivo de «alterar los datos reales sobre los votos emitidos por los ciudadanos». Al mismo tiempo, denunció que «no se tomaron en cuenta» 258.076 papeletas.

«Golpe de Estado»

Todas estas supuestas anomalías son rechazadas por los observadores internacionales que participaron en los comicios y verificaron que todo se hizo de manera transparente y sin ningún tipo de fraude.

La propia Misión Electoral de la OEA ha expresado que las actas utilizadas reflejan de manera «clara y fidedigna» la voluntad popular y, por tanto, ha repudiado el nuevo intento de la Fiscalía de «vulnerar» la voluntad popular. El secretario de este organismo, Luis Almagro, ha ido más allá y ha condenado el «intento de golpe de Estado en Guatemala» alineándose así con Bernardo Arévalo, quien denuncia que «estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso».

EEUU ya ha anunciado una «respuesta contundente» contra las acciones de la Fiscalía, mientras que la Unión Europea estudia sanciones contra los responsables de las «falsas acusaciones de fraude».

Por su parte, el secretario general de la Fiscalía, Ángel Pineda, arremete contra la comunidad internacional a la que acusa de «intromisión» en los asuntos internos del país, el mismo discurso que utiliza el Gobierno saliente de Alejandro Giammattei, que pide «prudencia» a los organismos internacionales antes de emitir comunicados que «pueden generar polarización interna».

El intento de anular los comicios supone uno de los últimos coletazos de un sistema corrupto que teme perder el control de Guatemala ante la amenaza de la nueva «Primavera» prometida por el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien representa la última esperanza para una población que hace tiempo dejó de creer en sus instituciones.