A pesar del golpe encajado en la Asamblea Nacional, el Gobierno de Emmanuel Macron y, en particular, el gran perjudicado, el titular de Interior, Gérald Darmanin, parecen decididos a continuar con el proyecto y, de hecho, el Gobierno ha anunciado, este mediodía, su decisión de someter el texto a una Comisión Mixta Paritaria a la que encarga encontrar un compromiso.
Tras resultar aprobada el lunes en la Asamblea Nacional una moción ecologista por la que se rechazó sin debate su proyecto de ley, Darmanin reconoció su fracaso y acudió a presentar su dimisión a Emmanuel Macron, rechazada por el presidente francés.
Esta mañana, el ministro de Interior ha querido demostrar que sigue vivo, políticamente hablando, realizando un desplazamiento de madrugada a una comisaría de policía de Val de Marne, a las afueras de París.
«Quiero que la Policía, los jueces y los prefectos adopten muy rápidamente medidas firmes contra la inmigración irregular y la delincuencia extranjera», insistía desde allí Darmanin, dando a entender que, con o sin ley, un «nuevo arsenal» estará listo para fin de año.
«Lamento que estemos perdiendo el tiempo en ver de proteger a los franceses», ha remachado, para solicitar una vez más a la derecha (Les Républicains, LR) que no siga por el camino de «la política politiquera».
Por su parte, Emmanuel Macron se ha reunido también a hora temprana con Élisabeth Borne y los principales ministros interesados para trazar el camino a seguir de cara a salvar las principales medidas que figuran en el texto al que los diputados han aplicado su particular versión del 49.3.
La jefa de Gabinete, aunque indirectamente, ha sufrido otro revés, en esta ocasión con el agravante de que ese voto previo contra la legislación antimigratoria le priva de utilizar el socorrido decreto previsto en ese articulo constitucional.
El presidente francés encomendó a su jefa de Gabinete antes de verano que buscara el modo de romper con el bloqueo al que someten al Gobierno fuerzas parlamentarias de muy diferente signo pero dispuestas a poner en apuros a un macronismo en horas bajas.
Desde entonces solo ha alcanzado a apretar compulsivamente el botón del 49.3, dando la espalda al Parlamento.
Una alianza imposible o no tanto
En ese ambiente pesado, ha tomado forma, siquiera para cuestiones puntuales, una alianza oportunista cuya capacidad de hacer daño no ha calibrado bien Macron.
Esa suma de votos de izquierda, derecha y ultraderecha que reunió la iniciativa de rechazo de ley impulsada por los ecologistas da como beneficiaria clara a Marine Le Pen.
De hacer caso a los sondeos, hoy por hoy son más los franceses que ven a RN como un partido más que los que siguen apostando por aislar a esa formación de extrema derecha.
Rassemblement National (RN) vuelca su acción parlamentaria en ese objetivo de blanqueamiento, pensando ya en las próximas elecciones presidenciales, a las que Macron ya no podrá concurrir. Y antes aún en el escrutinio europeo, que le es favorable.
Ese voto conjunto aunque por separado en la Asamblea Nacional ha dado alas a la formación azul marino, que esta misma mañana ha pedido, por boca de su portavoz, Jordan Bardella, entrevistado en el matinal de la televisión BFMTV, la disolución de la Asamblea Nacional.
La vía elegida, una Comisión Mixta Paritaria
Para tratar de encauzar una crisis inédita, el Ejecutivo ha optado, sin embargo, por confiar el texto a una Comisión Mixta Paritaria (CMP) que tendrá encomendada la tarea de redactar, «lo antes posible», apremia el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, un texto remodelado.
Una Comisión Mixta, en la que siete diputados y siete senadores a puerta cerrada tratarán de ponerse de acuerdo y quizás llegar a una versión común, siempre que la mayoría presidencial trague con las condiciones draconianas que le impondrá LR para llegar a un compromiso.
De haber compromiso, esa versión debería votarse otra vez en el Senado -donde la mayoría de centro-derecha se aferrará, en pura lógica, a su propio texto, votado el pasado 14 de noviembre- y pasar luego el mismo trámite en la Asamblea Nacional.
Darmanin ha defendido desde el principio que esa vía está todavía abierta y ha obtenido el respaldo del Gobierno y del propio Macron.
La derecha quiere hacer morder el polvo al ministro de Interior
Sin embargo, tras darle la primera embestida, la derecha quiere saborear el momento, y trata de hacer morder el polvo a un titular de Interior al que Macron captó de sus propias filas.
«¿Cómo podemos discutir con alguien que nos insulta constantemente? Estoy abierto a debatir sobre la continuidad de ese proyecto, pero lo haré con la primera ministra, con la que ya hablamos anoche», ha declarado el líder republicano, Eric Ciotti, en Europe1/CNews, confirmando así su propósito de aislar más si cabe al ministro de Interior.
Los diputados ecologistas, mano ejecutora de la moción de rechazo, reclaman al Gobierno que extraiga las consecuencias de su derrota renunciando «permanentemente» a su texto, una posición con la que coincide el grupo socialista.
Con su decisión de enviar el proyecto a una Comisión Mixta el Gobierno no parece ir en esa dirección.
Desde las filas de la Francia Insumisa (LFI), su coordinador, Manuel Bompart, advierte de que si, pese a todo, el Gobierno decide sacar adelante la nueva legislación antimigratoria, «habremos alcanzado un hito en el autoritarismo».
Ante los micrófonos de RTL ha insistido esta mañana en la idea de que Gérald Darmanin debe abandonar su responsabilidad. «En una democracia normal, el ministro se habría ido con su texto», ha aseverado.
Organizaciones sociales
Una veintena larga de organizaciones sociales avalan esa demanda de retirada definitiva de un proyecto que, según indican en un comunicado, «es peligroso para la dignidad y la vida de las personas exiliadas».
Una de las organizaciones firmantes, el colectivo Etorkinekin anunció en días pasados la celebración de una movilización, este próximo sábado, 16 de diciembre, en el paso de Izpegi, para denunciar el propósito de endurecer todavía más una política que lleva a las personas migrantes a arriesgar sus vidas para tratar de sortear las fronteras existentes en Euskal Herria.