Los chilenos rechazaron este domingo en las urnas la propuesta de nueva Constitución redactada por la derecha y ultraderecha. El 55,79% de los electores votaron en contra del nuevo texto, el segundo que se somete a votación en poco más de un año.
Con este resultado, se cierra al menos durante la presidencia de Gabriel Boric (2022-2026) el debate constitucional, porque el mandatario progresista ya ha dicho que no impulsará un tercer proceso constituyente para sustituir la carta magna actual, heredada de la dictadura militar (1973-1990).
El partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), que hizo campaña a favor de la nueva propuesta, fue el primero en salir a reconocer los resultados este domingo. Su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos «no quieren cambios constitucionales ni tampoco refundaciones».
Boric, por su parte, advirtió de que «la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile». «El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constituyente no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada por todos», indicó.
«Las urgencias son otras»
Y remarcó que hay otras «urgencias» al margen del debate constitucional. Entre ellas, citó el aumento de las pensiones, la aprobación de un nuevo pacto fiscal y el retorno a la senda del crecimiento económico, tras un 2023 en el que la economía chilena mostró un crecimiento nulo.
«Lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, consenso, abandonar las trincheras y las posiciones parciales para concentrarnos en dar solución a los problemas más apremiantes», subrayó.
La herencia de Pinochet
Este segundo intento por tener una carta magna que sustituya a la que instauró en 1980 la dictadura de Augusto Pinochet arrancó en septiembre de 2022, cuando se rechazó en otro plebiscito un proyecto escrito por una convención de mayoría progresista que proponía un profundo cambio en el modelo de país.
El ultraderechista Partido Republicano tuvo un peso fundamental en la redacción del nuevo texto, criticada por las formaciones de izquierda, que lo consideraban «dogmático». Alertaron de que este profundizaba en el modelo neoliberal implantado durante el régimen militar.
La opción de rechazar la propuesta constitucional se impuso en la mayoría de las dieciséis regiones del país, especialmente en la capital, Valparaíso (centro) y la norteña Antofagasta.