El Gobierno irlandés ha confirmado este miércoles que presentará una demanda legal «interestatal» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado británico al considerar que la ley de amnistía.

El vice primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha explicado que la Ley de Legado y Reconciliación de 2023, aprobada en Londres el pasado septiembre, es incompatible con las obligaciones recogidas en la Convención Europea de Derechos Humanos.

La norma, que provocó un rechazo unánime en el norte de Irlanda, tenía el fin de garantizar la impunidad del Estado británico, al buscar el cierre de las investigaciones sobre la violencia estatal sufrida por los ciudadanos durante los treinta años del conflicto.

Martin ha recalcado que la decisión de la demanda se ha tomado «después de mucha reflexión y cuidadosa consideración», y que en todo momento se ha tratado de adoptar «un enfoque centrado en las víctimas». La normativa británica contempla amnistías para aquellos que cometieran delitos durante el conflicto a cambio de información.

Ha expuesto que desde Downing Street se ha decidido «legislar de manera unilateral» y «sin atender a las preocupaciones legítimas que nosotros, como muchos otros, hemos planteado».

«Solo nos ha dejado esta vía»

«El Gobierno británico eliminó la opción política y solo nos ha dejado esta vía legal», ha señalado el ‘número dos’ del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre democristianos, centristas y verdes.

Según ha destacado, «varios observadores internacionales, entre ellos el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también han planteado serias reservas sobre esta legislación».

«Desde que el Reino Unido presentó por primera vez la legislación, este gobierno ha sido coherente respecto a que no es compatible con la convención. Hemos aprovechado cada oportunidad para dar a conocer nuestras preocupaciones e instar al Gobierno británico a frenar esta legislación», ha añadido.

Asimismo, Martin ha incidido en que «lo más importante» es que incluso la población del norte de Irlanda «se opone a esta legislación», especialmente las familias de las víctimas, que serán quienes se vean «más directamente afectadas» por la ley, según recoge la cadena de noticias británica Sky News.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) ha celebrado la decisión del Gobierno irlandés de presentar una «demanda interestatal» contra el Ejecutivo británico.

«Está haciendo lo correcto por las víctimas, por el imperio de la ley y por la defensa de los derechos humanos», ha destacado Grainne Teggart, subdirectora de AI para el norte de Irlanda.