«La declaración de deslocalización empresarial supondrá la obligación para la empresa de proceder al reintegro de las cantidades percibidas en los ocho años anteriores a esta, junto con el interés de demora correspondiente desde el momento de la recepción de cada una de ellas hasta la fecha de dicha declaración». Así se recoge en la Ley Reguladora del Régimen de Subvenciones, presentada por el Gobierno de Lakua, y que durante su tramitación parlamentaria se ha unificado con la proposición de ley sobre medidas para combatir la deslocalización empresarial que en su momento registró EH Bildu.

Además, estas empresas y sus socios tendrán prohibido «obtener ayudas otorgadas por las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante un período de ocho años a partir de la fecha de la declaración».

Un reglamento del Gobierno fijará una cantidad mínima de subvención para que la empresa tenga la obligación de proceder a esa devolución.

Se entiende que se habrá producido un caso de deslocalización cuando se produzca el cese o reducción significativa de la actividad de una empresa en la CAV, perdiendo la mitad de la plantilla, y que simultáneamente o tres años antes o después desarrolle la misma actividad en otra comunidad autónoma. Será el Gobierno de Lakua quien haga la «declaración de la deslocalización empresarial».

De la cordialidad al insulto

Estas medidas para dificultar la deslocalización de empresas que reciban subvenciones públicas se han aprobado en la última ley que ha puesto fin al maratón legislativo que se ha dado este jueves en el Parlamento de Gasteiz. Han votado a favor tanto EH Bildu, autor de la proposición de ley, como PNV y PSE, cuyo Gobierno llevó a la Cámara el proyecto de ley de Subvenciones. Se ha sumado al apoyo Elkarrekin Podemos-IU. Ha votado en contra la derecha española en todos sus extremos: PP, Vox y Ciudadanos.

El debate entre quienes apoyaban la aprobación de la ley se ha producido en términos de cordialidad y agradecimiento mutuo. Más agrios han sido desde la derecha rojigualda. Desde Cs han acusado a los proponentes de ignorantes y casi de seudocomunistas, mientras que el PP avanzaban recursos por su ilegalidad tanto en el ámbito estatal como el europeo.

La ley establece además que el Gobierno de Lakua no concederá subvenciones a las personas o entidades que hayan incumplido la Ley de Igualdad y las leyes de protección al medio ambiente mientras no satisfagan la sanción y no introduzcan medidas correctoras.

También estarán vetadas las empresas que deban tener un plan de igualdad y no lo hayan hecho, las compañías con más de 50 trabajadores que no hayan desplegado medidas contra el acoso sexual y aquellas que incumplen las medidas encaminadas a erradicar la morosidad al no pagar en plazo a sus proveedores