Ciento ochenta páginas y 664 artículos, con el extravagante título, como no podía ser de otra manera, de proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Es la ‘ley ómnibus’ de Javier Milei, que pesa más que un ladrillo y fue enviada al Congreso por la Casa Rosada impresa en papel, envuelta en lazos con los colores de la bandera albiceleste y con un espíritu de radicalidad nunca antes visto en la historia democrática argentina.

El proyecto había sido anunciado por el presidente, Javier Milei, durante la cadena nacional que televisó junto a sus ministros, aunque varias iniciativas contenidas en el largo texto no habían sido comunicadas. Tampoco informadas, al menos algunas, durante los debates presidenciales y la campaña electoral (como por ejemplo el cambio copernicano del sistema electoral).

La ‘ley ómnibus’ que impulsa La Libertad Avanza se entromete en decenas de otras leyes, implica varios cambios en los Códigos Civil, Comercial, Electoral y Penal y, además, allana el camino para 40 privatizaciones de empresas o entidades públicas, además de penalizar la protesta callejera con más castigos, especialmente a los instigadores.

Pero lo más llamativo es que, a pesar de pregonar la libertad por las cuatro latitudes, Milei solicita a los diputados y senadores una suma de poder público pocas veces vista.

Reclama que para los próximos cuatro años se le concedan competencias legislativas para evitar trámites parlamentarios y que el Ejecutivo pueda resolver en muchas áreas, con manos libres. Casi un rey de las monarquías absolutas. Ha advertido, además, de que si el Congreso rechaza su decreto-ley de la semana pasada como su proyecto enviado, convocará un referéndum.

Un cambio radical

Milei parece ser consciente de que tiene el favor popular y el recuerdo fresco del voto conseguido (casi el 57%) no por tiempo indeterminado. En los sistemas presidencialistas, especialmente, lo que no se hace en los primeros cien días quizás no pueda conseguirse por el resto del mandato. El enfrentamiento ‘casta’ (dirigencia política tradicional) versus voto popular es el eje discursivo que se viene en las próximas semanas para presionar a los legisladores.

Lo cierto es que el articulado del proyecto enviado es muy controvertido y polémico porque se inmiscuye en muchas cuestiones diferentes, desde la privatización de YPF hasta el cambio del sistema electoral, incluyendo la suspensión del coeficiente de incremento de pensiones o el aumento de impuestos a la exportación de materias primas.

La arista casi monárquica del proyecto es la petición de aprobar una «delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional (seguridad social), de defensa, seguridad, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025».

Es decir, la Casa Rosada podrá prescindir de pedir permiso al Parlamento de hacer cambios en aspectos de legislaciones de esas áreas, exceptuando leyes de calado constitucional.

Si bien en su momento el expresidente Néstor Kirchner tuvo durante varios años la delegación de algunas facultades, fue después de la gran crisis de 2001 y nunca por un período mayor a un año, con renovación posterior. De aprobarse, esto sería un hito y precedente peligroso.

El megaproyecto de ley también permitiría, según el capítulo cuarto del texto, que el Ejecutivo de Milei pueda tomar deuda externa en moneda extranjera, sin límites máximos establecidos por el Congreso ni la autorización de los legisladores. También pide aval para una amnistía fiscal para todos los deudores de menos de 100.000 dólares.

En cuanto a las privatizaciones, Milei pide pista libre para vender no solo la mayor distribuidora de gasolina del país, cuyo 51% fue reestatalizado a Repsol en 2012, sino también banca pública, la empresa de fabricación de armas militares, medios públicos, la Casa de la Moneda, la empresa de agua, Aerolíneas Argentinas y el Correo.

Además, con la mira puesta en sus votantes que piden transformaciones en la agenda social, el proyecto otorga mayor protección legal a las personas que utilicen armas de fuego en su defensa personal ante intentos de robo; liberaliza el divorcio (ya no hará falta abogados ni jueces, sino una simple comunicación de común acuerdo) y se exigirá matrícula de pago a extranjeros que utilicen las universidades públicas argentinas (exentas 100% de pago a cualquier residente legal hasta ahora). La escritura del texto se carga todo el lenguaje inclusivo y ya no hace referencia a sustantivos femeninos.

El camino anglosajón

Uno de los cambios más profundos y con consecuencias políticas más radicales es el cambio del sistema electoral de uno representativo plural a uno de circunscripciones uninominales. Es decir, del que tienen el Estado español, Portugal, Italia, Brasil y Uruguay, por ejemplo, al que tienen Reino Unido y Estados Unidos.

El proyecto propone que cada provincia se divida en tantas circunscripciones como escaños tiene y la Casa Rosada lo organizaría para que no haya diferencias entre ellas de más del 3% en la demografía. Las papeletas de ahora en más estarían integradas por solo un nombre de un candidato y su sustituto, que tendría que ser de otro género. Desaparece así la cuota mínima de un tercio de mujeres obligatorio.

Esto cambiaría 180 grados la representación, ya que los sistemas uninominales son funcionales solo para sociedades bipartidistas o en las que las minorías tienen alguna forma de asegurarse representación. Incluso en Reino Unido empieza a mostrar algunas carencias: el Scottish National Party se queda con más del 80% de los escaños de Escocia obteniendo algo menos que la mitad de los votos.

Por tanto, lo que propone Milei podría llevar a abrumadoras mayorías absolutas en partidos que no tengan ni la mitad más uno de los votos y barrería la representación de partidos minoritarios regionales o del trotskismo. Algo similar a lo que está sucediendo con Nayib Bukele en El Salvador. Una vez más, el presidente se convertiría casi en un rey.

Sobre las protestas, de ser aprobado el decreto, reuniones en la calle de tres o más personas por motivos políticos deberían pedir permiso, según el artículo 331. Se establece la definición de «‘reunión’ o ‘manifestación’ a la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente». También se incrementan las penas de cárcel para quien se resiste a la autoridad.

No podía faltar la excentricidad. Fiel a su estilo, Milei incorpora detalles insólitos en su ley insignia, como el hecho que los jueces de ahora en adelante deberán vestir «togas negras» en los tribunales y la obligación de que utilicen el martillo para iniciar y cancelar las sesiones judiciales. Todo muy Hollywood.

El proyecto tendrá muchas reformas y cambios en su trámite parlamentario, que comenzará este mismo enero (hay convocatoria de pleno extraordinario a pesar de las vacaciones de verano austral) y La Libertad Avanza y sus aliados pelearán por sostener en la aprobación el núcleo duro que más les interesa, que es el de la radicalidad económica thatcherista y regular la protesta social.

Por la interpretación del presidente en declaraciones públicas, diciendo que sus reformas cuentan «con el 75% del apoyo», según las encuestas que él cita y que de no aprobarlas sería «ir en contra de la gente», da la impresión de que se abre un período de fuerte confrontación Ejecutivo-Legislativo. La utilización de la herramienta constitucional del plebiscito, que se utilizó por última vez en 1984, es muy probable en este marco. El año 2024 de Argentina será bisagra, de eso no hay duda.