![Ayuntamiento de Alonsotegi.](/media/asset_publics/resources/000/979/808/article_main_landscape/0304_eh_alonsotegi.jpg)
Este martes arranca en la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia la vista oral del juicio contra dos representantes de la constructora Laneder y dos arquitectos asesores del Ayuntamiento de Alonsotegi implicados en el fraude urdido para cobrar subvenciones de la Diputación de Bizkaia por obras que no se ejecutaron. El fallecimiento de uno de los implicados, el exalcalde José Luis Erezuma, obligó a su aplazamiento, que mañana a las 9.30 se inicia en Bilbo.
En el banquillo de los acusados se sentarán los arquitectos Alberto Zulueta Goienetxea y Marta Novo Vales, así como los representantes de Construcciones Laneder Francisco Javier Bediaga Sagardoi y Eduardo Ibarra Arraibi, que se enfrentan cada uno a penas de cárcel que oscilan entre seis y ocho año años como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude por el cobro de subvenciones públicas para unas obras que no ejecutaron.
Reconocieron los hechos
El juicio llega después de que los implicados no cumplieran con el pacto alcanzado con la acusación popular que ejerce EH Bildu en el que reconocieron los delitos y acordaron la devolución del dinero defraudado a cambio de una pena de prisión de dos años, que evitaría su ingreso en la cárcel al no tener antecedentes, y diez años de inhabilitación.
Según se desprende del procedimiento, los cuatro acusados, junto al exalcalde Erezuma y el aparejador Juan Torrontegi Legarreta, ambos fallecidos, conspiraron para que, aprovechando unas lluvias intensas que se produjeron entre el 4 y 6 de noviembre de 2011 en la localidad, se solicitase a la Diputación de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para acometer obras de reparación de supuestos daños. Trataban así de que el Consistorio saldase deudas pendientes con varios de los implicados en el fraude.
Las dificultades económicas del Ayuntamiento, que llegó a ser uno de los más endeudados del herrialde, tienen su origen en la gestión de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz, que dejó un agujero patrimonial en las arcas municipales de 15 millones de euros. Por ese caso, cuya instrucción está congelada, se procesó a otros dos alcaldes, los jeltzales Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santisteban.
Santisteban, por cierto, alcalde de 2007 a 2011, está pendiente de juicio por otro caso de corrupción, al igual que Francisco Javier Bediaga Sagardoi y Eduardo Ibarra Arraibi, de Construcciones Laneder, y el arquitecto asesor Alberto Zulueta Goinetxea, por aparentar una serie de obras en Alonsotegi y obtener financiación de la Diputación de Bizkaia y Gobierno español.
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