Ha quedado visto para sentencia el juicio que se ha desarrollado este martes en la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia contra dos arquitectos asesores del Ayuntamiento de Alonsotegi, Alberto Zulueta y Marta Novo, y los representantes de Laneder Construcciones, Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra, por participar en un plan para recibir subvenciones de la Diputación por obras que no se acometieron con los que abonar parte de las deudas que abocaron a la firma a la quiebra.

Tras las testificales, la Fiscalía ha solicitado la absolución de Novo mientras ha rebajado la pena de cárcel para los otros tres acusados de 7 a 3 años y 6 meses, al entender que no ha quedado probado el delito de malversación. El letrado que defiende los intereses de la Administración foral se ha sumado después de mantener una actitud pasiva durante la vista.

La acusación particular, que ejerce el Consistorio, y la acusación popular, que impulsa EH Bildu, ha mantenido su petición de 8 años de prisión para las cuatro personas que se han sentado en el banquillo como presuntos autores de delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude. El Ministerio Público considera que la principal perjudicada es la Diputación, al ser quien concedió la subvención, mientras las acusaciones particular y popular estiman que lo es el Ayuntamiento.

Las defensas han alabado la posición del fiscal, al rebajar la petición de penas, y cargado contra la acusación particular y popular

Las defensas han solicitado la libre absolución de los acusados, alabando la posición del fiscal, al rebajar las penas, y cargando contra la acusación particular y popular, que las ha mantenido y ha incidido en el daño causado a los intereses públicos para tratar de resolver las deudas provocadas por la gestión del PNV al frente del Ayuntamiento.

Declaraciones reveladoras

La vista oral que se ha desarrollado durante algo más de siete horas ha servido para que tres de los acusados –Zulueta, Bediaga e Ibarra– reconocieran que sabían de la iniciativa del exalcalde entre 2011 y 2015, el fallecido José Luis Erezuma, para solicitar una subvención a la Diputación de Bizkaia con la que tratar de aliviar la delicada situación financiera de la constructora, a quien el Ayuntamiento debía algo más de un millón de euros por las obras que le contrataron a través de la sociedad urbanística Alonsotegi Eraikiz.

Bediaga ha reconocido que el primer edil le propuso en una reunión que mantuvo en abril de 2012 emitir tres facturas por la ejecución de obras que iba a subvencionar la Administración foral por daños causados por unas lluvias intensas ocurridas los días 4 y 6 de noviembre de 2011 con los que iban a saldar parte de la deuda. «Me dijo que le pasase tres facturas y que me las iba a pagar sí o sí», ha recordado Bediaga.

«No estudiamos ni los proyectos, estábamos muy asfixiados», ha rememorado quien fuera constructor, hundido por las deudas que llevaba tres años reclamando al Ayuntamiento.

Su socio, Eduardo Ibarra, con problemas médicos graves, se ha limitado a corroborar la declaración en la que ambos reconocieron el acuerdo con el alcalde.

Antes, el arquitecto Alberto Zulueta, implicado en otros casos de corrupción en ese Ayuntamiento, ha relatado que Erezuma, a quien ha definido como «un hombre de empresa», trató de resolver desde que accedió a la institución en mayo de 2011 la «mala gestión» anterior a través de la enajenación de patrimonio y otras fórmulas. Ha manifestado que el primer edil estimaba que la precaria situación de la constructora era culpa del Consistorio.

Él elaboró los proyectos y recibió el encargo de llevar adelante la dirección de las obras que no se realizaron. Zulueta ha indicado que era una práctica habitual en el sector y que, esperaba que una vez que el alcalde lograse financiación, los trabajos se iban a acometer. Ha asegurado que no indicó nada a Marta Novo sobre cómo debía redactar los informes y que se limitó a presentar las memorias de los proyectos, que luego la asesora dio por válidos para justificar los trabajos por lo que solicitaban subvención.

Ha explicado que su empresa, Arkideiak, también acumulaba muchas facturas sin pagar por parte de las arcas municipales. El arquitecto ha manifestado que pasaron los meses y hasta enero de 2013 Erezuma no le comunicó que los trabajos no se iban a ejecutar.

«Llovía sobre mojado»

Esas irregularidades fueron detectadas por los ediles de EH Bildu, que solicitaron información sobre los expedientes y destaparon el caso. Comprobaron que no se habían ejecutado obras por las que se habían recibido subvenciones y que se certificaron a pesar de ello. «Llovía sobre mojado», ha apuntado el corporativo Asier Intxausti, quien ha rememorado que el propio Tribunal Vasco de Cuentas Públicas había cuestionado la gestión llevada a cabo por el PNV en el Ayuntamiento.

La otra acusada, Marta Novo, que realizó labores de asesoramiento entre julio de 2011 y junio de 2012, ha explicado que el primer edil se dirigió a ella en noviembre de 2011 para que «con celeridad» redactase unos informes en los que se justificaba la petición de ayuda foral para reparar daños, aunque ha aclarado que ella solo visitó el sótano de la casa consistorial, donde corroboró que había humedades, y no los otros dos lugares de los que informó. Después, en diciembre, emitió otros informes al requerírselos desde Diputación.

Aburto no lo recuerda

La subvención la rubricó el entonces diputado foral de Presidencia, Juan Mari Aburto, que ha testificado que no recordaba haberlo hecho, «porque cada semana firmaba cientos de órdenes forales».

El actual alcalde de Bilbo tampoco ha recordado haberse reunido con Erezuma y ha afirmado que la concesión de los 600.000 euros al Ayuntamiento de Alonsotegi «se realizó conforme al procedimiento establecido» al contar con el plácet de los técnicos y de los responsables del departamento.

El actual alcalde de Bilbo no ha recordado haber firmado ni haberse reunido con Erezuma

Varios funcionarios, al igual que Aburto, no han recordado nada anómalo, por lo que otorgaron la subvención. Tampoco, según sus testimonios, recibieron indicaciones de sus superiores jerárquicos para conceder la subvención.

El entonces director de Relaciones Municipales, Joseba Escribano, ha manifestado que conocían el alto endeudamiento, pero ha añadido que Erezuma no les planteó ninguna solución para paliarlo. Además, ha señalado que dieron por válidas las certificaciones de obra que les remitió el Consistorio.

Tanto la economista como la entonces secretaria municipal han expuesto la situación económica «ajustada» del Consistorio y han estimado que se ha causado un perjuicio de cerca de 684.000 euros a sus arcas, por el importe de la subvención más el dinero que aportó el propio Ayuntamiento para pagar a Laneder y Arkideiak mientras no se acometía trabajo alguno.

La actual arquitecta municipal ha incidido en los plazos «demasiados breves» entre que se adjudicaron los trabajos y supuestamente se ejecutaron, «14 días naturales», sin contar los expedientes con visados colegiales. «Las obras no se ejecutaron», ha señalado, al contrastar los expedientes con la realidad física.