![Juan Carlos Ayala, rector de la Universidad de la Rioja, preside la comisión sectorial de Estudiantes del G9.](/media/asset_publics/resources/001/069/423/article_main_landscape/g9-universidades.jpeg)
Los rectores de las universidades agrupadas en el denominado G-9, entre ellas la UPV/EHU y la UPNA, han expresado en un comunicado su «profunda preocupación» ante las consecuencias negativas que puede tener la aplicación del real decreto sobre prácticas curriculares que, incluso, podrían conllevar un retraso en la graduación de los estudiantes.
El G-9 está formado por las universidades públicas de aquellas comunidades en las que solo hay una entidad de educación superior de este tipo (la CAV y Nafarroa, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla La Mancha, Asturias, Baleares y Extremadura).
La Comisión sectorial de Estudiantes de este grupo se han reunido en los últimos días en Zaragoza, junto a representantes de las universidades de Murcia y Burgos, como entidades colaboradoras, ha informado la Universidad de La Rioja en un comunicado, dado que el rector de esta entidad, Juan Carlos Ayala, preside ahora el organismo.
La principal conclusión del encuentro es la «gran preocupación» por el decreto que deben aplicar desde el 1 de enero y que regula la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por los estudiantes que realicen prácticas externas, tendentes a la obtención del título, en estudios propios y oficiales.
La nueva regulación, que no ha sido consensuada con las universidades, explican, puede provocar la pérdida de numerosas prácticas debido a la denuncia de los convenios de prácticas por parte de diferentes ministerios (Seguridad Social, Justicia, Defensa, Interior, Consumo, entre otros) y otras administraciones públicas centrales y autonómicas.
Algo que podría dar lugar al retraso en la graduación de una parte importante de los alumnos, señalan estas universidades, que también manifiestan su preocupación ante las implicaciones que la aplicación del Real Decreto tiene para los alumnos que se encuentren en situaciones específicas, como los que son beneficiarios de las mutualidades generales del Estado o los que se encuentren en una situación de incapacidad laboral transitoria, entre otras.
Por todo ello hacen un llamamiento «a la reflexión y al diálogo» con las autoridades «para encontrar soluciones justas y efectivas que no perjudiquen a los alumnos ni a las instituciones educativas» y no provocar «situaciones de desamparo».
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